martes, 30 de agosto de 2016

Dos neuróticos y el alcalde futbolista

Se equivocó este fulano cuando pensó
que podía emplear al futbolista para ganar una elección
y luego ser él quien, a la sombra, gobernaría Cuernavaca.
Como político resultó un pésimo empresario

Ricardo Raphael / El Universal / Opinión
Neurótica es una persona que cuando resulta atacada por la espalda saca su sable para atravesarse el cuerpo, desde el estómago hasta la espalda, esperando que del otro lado la punta logre alcanzar a su adversario.
Roberto y Julio Yáñez son dos neuróticos de laboratorio. No está probado todavía que el futbolista Cuauhtémoc Blanco haya firmado un contrato privado para aceptar ser candidato a la alcaldía de Cuernavaca. Pero según el dicho de ambos señores, ellos le ofrecieron y pagaron siete millones como contraprestación.
Roberto Yáñez, fundador del Partido Social Demócrata, lo confesó en horario triple A, el jueves de la semana pasada, durante el nuevo programa que conduce Denise Maerker.
“Ese contrato es cierto… Cuauhtémoc Blanco nos cobró siete millones de pesos por participar como candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca,” declaró a la periodista.
Afirmó también que su único y noble propósito era traer felicidad para la ciudad de la eterna primavera.
“(Queríamos) comprar esperanza,” abundó al día siguiente en otra entrevista con Alberto Millán, en un noticiero morelense (http://bit.ly/2buqPGS).
¡Conmovedor! “Comprar esperanza”… “y también amaneceres” —entonaba una canción de Mocedades durante los años del franquismo español.
En lo que se averigua si el contrato en disputa contiene la firma autógrafa del futbolista, hay ya suficiente información como para alimentar un escándalo grande.
La entrevista de Millán merece convertirse, por entero, en parte de la investigación recién iniciada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y roguemos que también pronto por la Fepade.
Cada frase, cada expresión, cada desliz, cada intento de defensa, son pruebas del delito electoral cometido.
“Fíjate que nosotros, como empresarios, como ciudadanos, siempre hemos estado deseosos… de tomar participación en las decisiones de gobierno” —afirma Yáñez— y por este motivo se jacta de haber contratado a una figura pública para que compitiera bajo las siglas de su partido.
Acepta con candidez que fue una negociación —igual a la que hacen los equipos de futbol— pero esta vez realizada por una fuerza electoral con registro para competir en las urnas.
“Es normal,” insiste.
¿Normal para quién? ¿Para los partidos o para los equipos deportivos? ¿Desde cuándo se volvieron lo mismo?
“Creímos que su nacionalismo — que el ídolo que es— iba a dar la cara por los ciudadanos a costa de todo.”
¿A qué ciudadano en concreto quiere este señor Yáñez verle la cara? ¿Por qué un jugador de balompié sería más nacionalista que el resto de los morelenses? ¿Por qué un ídolo nacido en el Estadio Azteca se convertiría de la noche a la mañana en un gran gobernante? ¿En un paladín de la democracia?
Todavía más intrigante: ¿por qué alguien que supuestamente pidió siete millones de pesos a cambio de poner su nombre en la boleta sería un gran mexicano?
Se pasa Yáñez intentando justificar el fraude electoral que con premeditación, alevosía y ventaja recetó a la ciudad de Cuernavaca.
Y sin embargo asegura este falso ingenuo que no cometió ninguna falta. Cabe preguntarle: de haber dado a conocer este contrato antes de los comicios, ¿quién habría votado por Cuauhtémoc Blanco?
Se equivocó este fulano cuando pensó que podía emplear al futbolista para ganar una elección y luego ser él quien, a la sombra, gobernaría Cuernavaca. Como político resultó un pésimo empresario.
Es porque falló su apuesta, que ahora anda desnudo y presumiendo la neurosis a mitad de la plaza. Le dolió que el títere cobrara vida propia y además que, como Pinocho, resultara un mentiroso.
ZOOM: La sanción que el INE vaya a imponer sobre el caso de Cuauhtémoc Blanco debe ser ejemplar. De otra manera podría sugerir un patrón de comportamiento para otros ingenuos —más ricos— con ganas de contratar un presidente de la República para que traiga esperanza entre su pueblo, y de paso sirva luego a sus mezquinos intereses.


lunes, 29 de agosto de 2016

TERTULIA POLÍTICA

Muchos por complacer a tiranos, por un puñado de monedas,
o por cohecho o soborno están traicionando
y derramando la sangre
de sus hermanos
Emiliano Zapata (1879-1919) /
Con ciertas personas
vale más ser traicionado
que desconfiar: 
Arthur Schopenhauer (1788-1860)
Bajeza

Pedro Martínez Serrano
Lo que ocurrió en Morelos durante los tres primeros años de Graco Ramírez, cuando se perdió el rumbo gubernamental; se agudizó la inseguridad y la corrupción tomó el control de todo y, casi, de todos, se empieza a calcar en Cuernavaca que, hasta donde fue posible, mantuvo a salvo el ayuntamiento anterior, sin embargo ahora, aprovechando la novatez el alcalde Cuauhtémoc Blanco y la rabiosa voracidad de los hermanos Roberto Carlos y Julio César Yáñez Moreno, supongo que fuerzas ocultas aprovechan para golpear a placer al futbolista orgullo de Tepito.
Y me parece extraño, porque hasta hace unos días, todo apuntaba, y apunta, a que el alcalde citadino y el gobernador mantenían una relación a partir de un piñón; luego de un jaloneado arranque del actual gobierno municipal, en el que los hermanos Yáñez Moreno atizaban la división y le apostaban al distanciamiento; al choque entre Blanco y Ramírez.
Sin embargo, como aquí mismo lo anoté, el subsecretario de gobierno, Jorge Meade González  y el propietario de un programa de radio, generaron los acercamientos entre José Manuel Sanz y Cuauhtémoc Blanco con Graco Ramírez, lo que parecía blindar al ayuntamiento y al jefe del gobierno municipal, así como a su asesor estelar, el español Sanz, sin embargo en los días más recientes se han soltado rabiosas embestidas en contra de ambos.
Yo mismo expuse desacuerdos con la administración municipal, especialmente durante los primeros seis meses del periodo que encabeza el futbolista, mismo tiempo en el que Roberto y Julio Yañez se ufanaban de controlar el municipio; el diputado local, Julio César fanfarroneaba en al ayuntamiento: aquí yo mando; si yo ordeno se hace y si no, no hay arreglo, advertía a proveedores y solicitantes de concesiones especiales.
Me tocó conocer de primera mano exigencias de los Yañez Moreno, que llegaban al ridículo, como obligar a organizadores de eventos en la ciudad, a entregar hasta el 30 por ciento del ingreso bruto de los mismos, lo que es una locura; al igual a empresarios de diversos giros de la ciudad, los intentaron someter al pago de piso a grupos criminales que ellos mismos y nadie más trajeron de Guerrero.
Hoy Roberto y Julio César, mantienen una rabiosa guerra en contra del presidente municipal Blanco Bravo y el secretario técnico, José Manuel Sanz; acusaron de terrorista al español; la información arrebató la carcajada de todos quienes la conocieron, por ridícula; luego le motivaron demandas laborales, por la baja de ladrones y vividores identificados con el PSD y, a medida de que se sacude a mafiosos y extorsionadores de la nómina municipal, agudizan también los golpeteos.
Hoy, el asunto del contrato, los departamentos de lujo y las frutas, vinos y costosas viandas, que exigió Cuauhtémoc en la firma de un supuesto documento suscrito con Roberto Carlos, me parece que no es otra cosa, que una payasada que no va a resultar a favor de los Yáñez Moreno que desesperan por colocar en la alcaldía a su hermanito Juan Manuel Hernández Limonchi, por eso también promueven inserciones en todos los espacios a su alcance, como la del día, la acusación del veterinario en contra de quien chocaron Sanz y amigos en Montecasino, que exige indemnización.
Creo que los Yáñez Moreno están a tiempo de corregir su pendejismo y entender que se les acabó la mina de oro en que habían convertido el ayuntamiento, que lo que agarraron, que lo cuiden, porque el Estado, la federación, posee información delicada, muy delicada de ellos y, podría moverse en su contra. Ellos, como yo, sabemos que sobra de dónde echar mano para ponerlos en orden.


jueves, 25 de agosto de 2016

TERTULIA POLÍTICA

Río revuelto

Pedro Martínez Serrano
La movilización que inició la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos en abril de 2014, para exigir que Graco Ramírez cumpliera sus compromisos de campaña y para expresar la inconformidad social, por el gigantesco cementerio y tierra de nadie en que se convertía desde entonces nuestra entidad, creo que se manoceó de más. Me parece que a varios de los dirigentes del movimiento les ganó el protagonismo.
De que Graco Ramírez debe irse; dejar el gobierno y entregar cuentas de todo lo malo que ha hecho en la entidad, pero también de todos los errores que, por caprichos personales costaron cientos de vidas y golpes dolorosísimos a miles de familias, es un hecho. Ya cayeron los alfileres que lo sostenían.
Es cuestión de días, posiblemente semanas, para que termine la pesadilla; que la maldición tabasqueña en Morelos llega a su término, con la caída Graco Ramírez, aunque de hecho, él ya no está aquí; hace meses, posiblemente más de un año, que gobierna desde las cafeterías, restaurantes y cantinas de Polanco, allá en la Ciudad de México, en donde mejor se mueve y en donde mejor lo atienden, especialmente en oficinas del gobierno federal.
El problema que hoy enfrenta Morelos, en mi opinión, ya no es si Graco Ramírez se va; él ya se fue y lo sabe, lo que negocia el todavía gobernador, eso sí, al más alto nivel, es quién se queda en su lugar, porque se le está dando esa oportunidad, pero también de vetar, de decir QUIÉN NO concluya el periodo para el que fue electo, que termina en 2018.
Así ayer, mientras los representantes de las “más de 100” organizaciones ciudadanas que, según Javier Sicilia, el rector Alejandro Vera, Gerardo Becerra y Dagoberto Rivera y, ahora, en un vergonzoso ejemplo de oportunismo, los senadores Fidel Demédisis y Rabindranath Salazar, entraban a la Secretaría de Gobernación por la puerta de atrás, para entrevistarse con Luis Enrique Miranda Nava, Subsecretario de Gobierno; me dicen que Graco tomaba café con Miguel Ángel Osorio Chong, para definir los términos de su salida del gobierno.
Por cierto, la presencia de los senadores en la Secretaría de Gobernación, me hizo recordar que el primero, Fidel Demédicis, el mismo al que la policía de Jiutepec encontró encuerado, abusando sexualmente de una jovencita, se sumó al movimiento, para desquitar un odio personal contra el tabasqueño; mientras que Rabindranath, hoy se muestra de Corazón Venado, a pesar de que cuando fue presidente municipal de Jiutepec, interpuso un amparo para no entregar el porcentaje de participaciones que se obligaba a los municipios a entregar a la UAEM. Puro oportunismo.
Me parece que ante el descontrol en que cayó el movimiento, que inició perfectamente armonizado con la sociedad, cuando se reactivó la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC), bajó la dirección de Gerardo Becerra, hoy quienes están al frente de la negociación son personas que buscan revancha en contra del locuaz que desgobierna Morelos, como es el caso del tal Javier Sicilia que, de facto, se colocó como cabecilla del Frente Amplio Morelense que, según ellos, agrupa a más de 100 organizaciones sociales.
Está también el rector de la Universidad Autónoma del Estado, Alejandro Vera Jiménez que, por su parte, manipulado, obediente y sumiso a la instrucción de Sicilia, busca la forma de enardecer los ánimos en contra del ladrón que todavía desgobierna, sin darse cuenta que cada que golpea el rebote es durísimo en su contra; cada que busca nuevos frentes, los resultados le explotan en la cara.
Por lo anterior, no se requiere ser adivino, ni iluminado para poder adelantar que los días de Vera Jiménez están contados al frente de la UAEM y, lo peor del caso, es que el precio de acusar a un ratero, será que lo exhiban como un igual, al que la probarán los millonarios desvíos en que ha incurrido.

El Estado mexicano se va a mover y va a actuar. No hay duda y, entonces, cuando le llegue su momento a Vera Jiménez, ni los miles y miles de universitarios que dicen que lo apoyan, van a frenar la acción de la justicia en su contra, por una sencilla razón, Vera Jiménez no es mártir, es un vulgar abusivo que gusta de agarrar dinero de los universitarios para repartirlo con amigos y familiares… TIC… TAC… TIC… TAC

lunes, 22 de agosto de 2016

TERTULIA POLÍTICA

Basura en la basura

Pedro Martínez Serrano


Dicen y dicen bien, que hasta la basura se separa; que hasta la basura se junta y creo que eso es lo que pasó en Cuernavaca, a partir de que el diputado local ─gracias a Cuauhtémoc Blanco─, el mexicalense renegado, Julio César Yáñez Moreno se asumió como el gran operador; como el propietario del ayuntamiento de Cuernavaca y, por eso, quiso e hizo negocio por todo y con todo.
Obviamente, el filón dorado, la mina de oro, es precisamente el asunto de la recolección, traslado y destino final de la basura que, desde el primero de enero de este año, inunda las calles de la ciudad y ha mantenido la amenaza de convulsionar, de generar una seria crisis de salud pública.
Pero eso es lo que menos importa a un sujeto sin escrúpulos, formado en la mejor tradición del sablazo, la extorsión y la complicidad criminal; un político que disfruta relacionarse con representantes de grupos criminales y lo presume; lo difunde: que sepa la gente que es bien malo.
Consecuencia de su voracidad, no hay trato, arreglo o componenda que le resulte al Tigre Yáñez, por una sencilla razón; todo lo quiere para él; es ventajoso; es gandaya y fanfarrón; le encanta amenazar a quienes primero contacta como socios y luego trata como gatos.
Lo suyo es la amenaza y el chantaje. Le encanta que la gente lo mire acompañado de guarros apantalla pendejos. Disfruta intimidar. Y, aunque se ve hasta ridículo, parece que nada lo hace más feliz, que caminar escoltado por las calles de Cuernavaca, rodeado de puro sujeto con corte tipo casquete corto; para que parezcan sinaloenses mañosos, dice en broma, pero lo toma muy en serio.
Desde el asalto al ayuntamiento, que parecía su mayor golpe de suerte, Julio César Yáñez, ese al que le encanta que le digan el Tigre y no es más que un gato callejero, temeroso, cobarde y voraz, tanto como traicionero y dado, muy dado a golpear por la espalda, centró su atención en un solo tema, sin descuidar el graneo millonario de la expedición de permisos de usos del suelo y el tramposo ordenamiento urbano, igual que el saqueo desmedido al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac).
El tema principal, ese que le permitiría; le permitió embolsarse más de millón y medio de pesos mensuales, es el que tiene que ver con lo que más se identifica; con lo que lo define, aquello de lo que es parte: la basura y, para operar el tema, pagó favores y endulzó el oído al ingenuo mañosillo de medio pelo, el tal Ismael Mojica, a quien emocionó para embarcarse en la contratación de tolvas.
Pero como no hay mal que dure 6 meses, ni huehuenche, ni Cuauhtémoc que los aguante, el presidente municipal se sacudió al fanfarrón Julio César Yáñez y de paso desechó también al hermano, el tal Roberto Carlos que, me dicen, en seis meses se echaron a la bolsa decenas de millones de pesos, a costa del rezago y el abandono de la ciudad.
Precisamente sobre el tema de la basura, que ha sido el más delicado, tanto como difícil de atender para Cuauhtémoc Blanco, hay que anotar que el socio del tigre Yañez, Ismael Mojica, tiró el arpa ante la falta de pago de su socio y el fin de su dictadura en el ayuntamiento de Cuernavaca.
Sin embargo, traicionero, difamador y ventajoso; profundamente tramposo como es, de inmediato surgió a la escena otro socio del minino Yáñez, el torcido, un sujeto llamado Daniel Miranda y, como es su costumbre, empleó su gran ingenio, sus irrisorias e imbéciles estrategias, para provocar un tramposo cierre del centro de transferencia en la Avenida Estado de Puebla, al sur de Cuernavaca, presuntamente bajo su control.
Puro gatopardismo, que todo cambie, para que todo siga igual. Mojica González y Miranda Mojica son lo mismo. Los dos son socios de Julio Yañez quien, por conducto de ambos mafiosillos de pacotilla, busca tener agarrados y sometidos a sus caprichos al alcalde Cuauhtémoc Blanco y al Secretario Técnico del Ayuntamiento, José Manuel Saenz.
El tema no es sencillo para los Yáñez, mucho menos para Ismael Mojica y Daniel Miranda, pues Habría que considerar que Julio Yáñez y sus cómplices subieron de 10 a 14 y hasta 16 millones de pesos mensuales el asunto de la basura y nos es cuento, disponemos de copias de documentos, cuyas cifras acreditan lo que aquí apunto.
Lo anterior no es todo, la triada de ladrones y aspirantes a mañoso, violaron la ley en los contratos (otra vez, dispongo de copias que lo prueban) por varias razones:
1.- No fueron aprobados por el Cabildo que hasta hoy carece de información.
2.- Su duración fue por 3 años, cuando el presupuesto se maneja anual.
3.- No hubo concurso y menos transparencia en la adjudicación del servicio, pues no había ─ni hay─ Comité de Adquisiciones, mucho menos criterios para establecer los montos del cobro.
4.- Mojica El Charmín, como le agrada que lo llamen, le rentó el Centro de Transferencia al Ayuntamiento, cuando el verdadero contratante con el dueño del predio que es Manuel Aldama, es su primo Daniel Miranda Mujica El Torcido, como también exige que se le llame, quien, abusivo, ladrón y ventajoso como es, paga 90 mil pesos mensuales y cobra 250 mil al ayuntamiento. Es decir, negocio sobre negocio.
Al retiro del Charmín, Julio Yañez pretende imponer s su otro socio El Torcido, Daniel Miranda y más que eso tener sometido a sus caprichos al presidente municipal Cuauhtémoc Blanco, con el cuento de provocar una emergencia de salud, si es desplazado.
Gente cercanísima, de esa que se siente decepcionada por el ninguneo de que la hacen objeto, confió al reportero que el primer propósito de los hermanos Yáñez y cómplices con los que hacen cuartito de guerra, es reventar a José Manuel Sanz; dejar huérfano a Cuauhtémoc y entonces darle las gracias por su participación y, meter al suplente Juan Manuel Hernández Limonchi.
Por cierto, no es un tema menor, pues hay que recordar que los primos Mojica, son gente peligrosa, cuyas fortunas empezaron a abultar al margen de la ley, hace 22 años, cuando traían de Chiapas alcohol adulterado, para convertise en actores preponderantes de aquel asunto que motivó decenas de muertos con el metanolazo en Temixco en diciembre de 1994.
Hoy, 22 años después aparecen al lado de verdaderos pájaros de cuenta, ligados al crimen organizado. Daniel Miranda el torcido sabe de ellos, incluso los trae muy cercanos. Se reporta y se reportan con él a diario. Le dan cuentas y hacen cuentas de lo que hacen, para luego traducir los números en dinero.
El compromiso de Blanco
Frente a lo anterior, el presidente municipal Cuautémoc Blanco y su asesor, el secretario técnico del ayuntamiento, José Manuel Sanz, están ante la oportunidad histórica de pagar a la ciudadanía el voto de confianza que se les depositó el año anterior y, para hacerlo, deben cumplir con los más altos estándares de  honradez y transparencia. Para conseguirlo, no tienen nada más que hacer, que transparentar los procesos de adjudicación y operación de servicios municipales.
Mantener la relación con esa gente, es condenar a Cuernavaca al rezago y al capricho criminal de cómplices de los Yáñez que, en su desesperación, fueron a aliarse con Dios y con el Diablo, que en nada les ayudarán, porque aquí el asunto es sencillo: vox populi, vox Dei (la voz del pueblo es la voz de Dios) y, Dios, ya no quiere ser saqueado; ya no quiere a aventureros y corruptos que, como la Promotora Ambiental S.A., PASA, litiga para venir a nuestra casa a terminar de hacer el daño que empezó cuando los panistas la pusieron en sus manos, le entregaron a nuestra ciudad.

Abrir el espacio al regreso de PASA, significaría dos cosas, que Julio Yáñez volvió a someter al ayuntamiento y, que la corrupción seguirá etiquetando al municipio. El alcalde y el cabildo están en el momento exacto para surgir como eñl ave fénix. Al tiempo.

viernes, 19 de agosto de 2016

Rector Alejandro Vera Jiménez / Como perro bicicletero

TERTULIA POLÍTICA

Suerte te de Dios, que el saber poco te vale

Como perro bicicletero

Pedro Martínez Serrano

Desde el 1 de octubre de 2012, incluso antes de que asumiera la gubernatura, he sostenido que Graco Ramírez es un sujeto mentiroso, parasitario, tramposo y ratero, profundamente ratero, como también permisivo y cómplice (por omisión o comisión y, en ambos casos, incurre en delito) de las ejecuciones, levantones, cobros de piso y todo aquello, que el crimen organizado hace a placer en Morelos, mientras que él vive sedado con sus sueños presidencialistas y repitiendo locuaz, que el Mando Único funciona y muy bien.
Lo anterior viene a tema, porque creí que el movimiento convocado, según dicen, por 100 agrupaciones ciudadanas adheridas al llamado Frente Amplio Morelense (FAM), del que sólo veo a mi amigo Gerardo Becerra Chávez, dirigente de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC); al escritor Javier Sicilia, manejador del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez; a mi Obispo Diocesano Ramón Castro (a quien sólo utilizaron y desecharon; dejaron solo) y a los dirigentes transportistas, Dagoberto Rivera y Enrique Rodríguez Zagal, tendría éxito.
La marcha del pasado martes, me pareció un éxito, se sacudió el descontento generalizado en contra de Graco Ramírez; en Cuernavaca caminaron miles de ciudadanos; lo hicieron también en Cuautla y Jojutla; acá a la capital, también vinieron vecinos de los 33 municipios, para sumar su grito al de la mayoría de los morelenses: ¡Fuera Graco!
Fueron muchos, muchísimos los que se manifestaron, pero nunca los cien mil que reportaron los organizadores a quienes respeto, pero opino que mentir en cuanto a las cifras, los hace igual que aquel a quien rechazan, el mentiroso mayor, Graco Ramírez.
Luego de la marcha y el plantón a un costado del Palacio de Gobierno, se fueron sucediendo hechos que me indicaron que el movimiento estaba condenado al naufragio; que el esfuerzo de muchas personas, especialmente el de mis amigos Carlos Ruiz Venegas, Rosario Vilchis, Rosario Martínez, Mónica Romero y muchos que desde las redes sociales animaron la participación de los morelenses, empezaba a venirse a menos.
El rector se portó como fajador de barriada; como porro de quinta, intentó animar a los estudiantes a asaltar el palacio de gobierno, ese espacio pú-bli-co que ahora resulta que es propiedad de la UAEM. Él mismo brincó cercos y se encaminó a la puerta principal de lo que el mamón de Graco hizo llamar Casa Morelos.
Debo reconocer que Jorge Meade González, el hijo de mi querida amiga Cecilia, actuó correctamente se condujo como lo que empieza a cuajar, como político-político; me cuentan que encerrado en su oficina, el opaco, desteñido y pusilánime pueblerino secretario de gobierno, Matías Quiroz Medina, llamó a su oficina al subsecretario y le consultó tembloroso y temeroso: qué vamos a hacer.
A lo que Meade, como Venado que es, egresado de la UAEM, repuso: yo bajo. Que te acompañen; propuso Matías. Jorgito le aclaro que no era prudente y le explicó por qué, para enseguida a grandes zancadas bajar y saludar a Vera Jiménez: que pasó señor rector, estoy a sus órdenes, le dijo, lo que ya no supo que contestar y sólo acomodó, con voz temblorosa: queremos dialogar Jorgito, queremos dialogar.
Desde que se fueron a meter al obispado los representantes de las supuestas 100 agrupaciones ciudadanas, supuse que las cosas complicarían para Monseñor Ramón Castro, el obispo Diocesano y creo que así fue.
Quienes convocaron a ese encuentro en la Catedral, seguramente no sabían, aunque seguro quisieron olvidarlo, en especial Javier Sicilia, que sabe mucho de los jesuitas, que la iglesia católica es jerárquica; ahí se obedece sin cuestionar y, eso fue lo que motivaron; que desde la Conferencia del Episcopado, que preside el Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, se llamara a la prudencia al Obispo Castro.
Igual, que la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) se unió y, casi, sometió a las decisiones de Javier Sicilia, que ejecuta por medio del rector Alejandro Vera Jiménez, me pareció que esa lucha que ha encabezado Gerardo Becerra, se vería afectada. Así fue. En mi opinión de hoy, no influye el reclamo y amenaza de parte de un integrante de la CMMC, gato de Gerardo, no sé si por orden de él o por decisión personal de exhibir que en el gobierno del estado se me paga para ofender al rector. Lo reté a probarlo.
No estaba equivocado, el rector Alejandro Vera me parece que es un sujeto oportunista, ventajoso y mentiroso, copia fiel de su enemigo de ocasión, el (des) gobernador Graco Ramírez.
Resulta que ayer, de manera sorpresiva, el rector de la máxima casa de estudios, el doctor Vera dejó, nos dejó colgados a los miles y miles de morelenses que exigimos la salida de Graco del gobierno del Estado, cuando le dijo a Joaquín López Dóriga que el motivo de las movilizaciones NO era su caía. No sólo eso, aceptó también que es investigado por el desvío de 440 millones de pesos. Por la mañana, había dispuesto que se levantara el plantón de las calles tomadas del Centro Histórico.
Tengo la impresión de que el rector Vera Jiménez actuó como el perro bicicletero, que ladra y ladra y cuando la bicicleta para, no sabe para qué correteó.

Sin aspavientos, mi amiga Mónica Romero, la activista y ambientalista, se apersonó en un evento de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenam) y con una cartulina de ¡Fuera Graco! inundó las redes sociales con el tema. Gasto unos 20 pesos de transporte y 10 pesos, cuando mucho en la cartulina, con la que propinó un rudísimo revés a Ramírez. No ocupó el tramposo gasto de millones de pesos, con cargo a la UAEM, para una movilización que ayer perdió su impacto y asesinó la calidad moral de quien la encabezó.

domingo, 14 de agosto de 2016

Con marcha del próximo martes…
Convoca el rector Alejandro Vera a grupos de choque de
transportistas y gente armada a realizar actos de violencia


COMUNICADO DE PRENSA
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
14 de Agosto de 2016





El Congreso del Estado de Morelos tiene el compromiso social de vigilar, fiscalizar y auditar los recursos públicos de todo organismo público que reciba o haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de recursos públicos bajo cualquier concepto.
Lo hicimos con el Gobierno del Estado con los recursos autorizados por el monto de 2,800 millones de pesos para inversión pública. Por ello este Congreso instruyó la realización de una auditoria especial sobre la contratación y gasto de la deuda pública.
Así en marzo del 2016 se determinó que la comprobación del ejercicio de los recursos se realizó conforme a la normatividad aplicable, mismos que pueden ser consultados en el portal del periódico oficial.
De acuerdo con el reporte entregado por la Auditoria Superior de la Federación en el año 2014 mediante el cual detectó irregularidades en las finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por aproximadamente 440 millones de pesos, el Congreso del Estado de Morelos informa lo siguiente:
La Auditoría Superior de la Federación ante dicha evidencia, preocupada por el manejo de los recursos públicos de la UAEM, se da a la tarea de auditar los recursos estatales que recibe la Universidad, razón de esta auditoria obedece a que los primeros 4 años de la administración actual de la UAEM, el rector Alejandro Vera ha ejercido más de 6 mil 500 millones de pesos hasta el mes de Agosto, el doble del presupuesto anterior en el mismo tiempo
Adicionalmente se contrató un crédito de banca privada por más de 360 millones de pesos de manera irregular, violando la constitución del Estado, al no haber solicitado autorización alguna para endeudarse como es mandatado a sabiendas de su irregular actuación solicitó y le fue negado por escrito por parte del Gobierno del Estado la autorización para endeudarse.
         Recordemos que quien ejerce cualquier tipo de recurso de orden federal o estatal, está obligado por ley a transparentar su origen, utilización, y forma de pago, a esta fecha el Congreso del Estado cuenta con información sobre la deuda contratada que compromete la viabilidad financiera de la UAEM.
Llama la atención que ante este incremento considerable se registren nuevas anomalías en las cuentas de la universidad.
El rector ha permitido el mal uso de los recursos de la UAEM además de una partida secreta de aproximadamente 10 millones de pesos para financiar pagos a movimientos sociales y a funcionarios que le permiten una cómoda mayoría.
Tenemos información de un quebranto financiero de 400 millones de pesos que ponen en peligro a la Universidad, ya que por estos manejos irregulares es inminente la suspensión de labores en el próximo mes de Octubre.
Las y los diputados del Congreso del Estado de Morelos, consideramos muy grave que el responsable de nuestra máxima casa de estudios tenga un activismo político con la intención de esconder el grave problema de las finanzas de la institución dejando como culpables a otras instancias, menos a quienes dirigen la Universidad.
El responsable del quebranto de la Universidad tiene nombre y apellido, su nombre es Alejandro Vera Jiménez
Más grave aún es que contamos con evidencias de que él, Alejandro Vera, convoca mediante amenazas a la comunidad universitaria a marchar el próximo martes 16, donde se planea realizar actos de violencia con grupos de choque con transportistas y personas presuntamente armadas, para escalar el conflicto del transporte y la Universidad en una crisis político-social de graves consecuencias para la sociedad.
Las y los diputados del Congreso del Estado de Morelos hemos decidido en respaldo a nuestros electores que nos mandataron a través del voto ciudadano y representarlos ante esta soberanía, solicitar al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray y al Secretario de Educación, Aurelio Nuño, para que puedan gestionar los recursos faltantes y solicitar a través de la Auditoria Superior de la Federación se auditen los recursos federales otorgados por las participaciones y se proceda conforme a derecho al mal uso de los recursos otorgados a la UAEM.
         No permitiremos que nuestros hijos pierdan el año escolar, por un rector que en lugar de preocuparse por la educación de los universitarios, se preocupe por sus proyectos personales utilizando a la Universidad como rehén de su activismo político con el fin de esconder sus actos de corrupción.
Los académicos y trabajadores de la UAEM, cuentan con este Congreso para evitar que pierdan el ciclo escolar los universitarios y se garanticen los sueldos y prestaciones de todas y todos los universitarios.

ATENTAMENTE

JUNTA POLÍTICA Y MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS

viernes, 5 de agosto de 2016

El Sol de Cuernavaca
5 de agosto de 2016

Evitar la opacidad, pide ASF a UAEM

Miguel Ángel de Alba

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) notificó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos evitar la opacidad en las contrataciones con entes públicos y se abstenga de contratar o convenir servicios con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuando no disponga de los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones y compromisos.
Los oficios de notificación correspondientes se transcriben a continuación, y en ellos la ASF pide a la institución educativa "cumpla estrictamente lo establecido en el artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones”.
Además, tiene pendiente informar la conclusión de su Contraloría General respecto a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 13-9-99025-12-1426-08-001 para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones atribuibles a los servidores públicos que en su gestión no vigilaron el estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y su Reglamento, en virtud de que licitaron sin apego a la normativa, y suscribieron el convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) el 6 de mayo de 2013 y sus respectivos anexos y apéndices técnico.
Asimismo, porque declararon en falsedad que la Universidad contaba con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del convenio suscrito y no requeriría de la subcontratación con terceros para el cumplimiento de los trabajos contratados.

Los documentos referidos se reseñan a continuación:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OASF/0613/2016
Fecha: 17/Feb/2016
ESTADO DE TRÁMITE: Sin Respuesta
ACCIÓN EMITIDA:

14-4-99025-12-0209-01-001

Para que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cumpla estrictamente lo establecido en el artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 4 de su Reglamento y demás normativa, evite la opacidad en las contrataciones con entes públicos y se abstenga de contratar o convenir servicios con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuando no disponga de los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones y compromisos.

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OASF/0613/2016
Fecha: 17/Feb/2016
ESTADO DE TRÁMITE: Sin Respuesta
ACCIÓN EMITIDA.

14-4-99025-12-0209-01-002

Para que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cumpla estrictamente lo estipulado en los convenios suscritos con las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Federal y demás normativa aplicable a los recursos que reciba como subsidios federales, y se abstenga de contratar o convenir servicios con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal cuando no disponga de los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones y compromisos

2013 DGAF UAEMOR (ICC) Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
13-9-99025-12-1426-08-001
Promovida / Sin Resolución Definitiva
Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones atribuibles a los servidores públicos que en su gestión no vigilaron el estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y su Reglamento, en virtud de que licitaron sin apego a la normativa, suscribieron el convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) el 6 de mayo de 2013 y sus respectivos anexos y apéndices técnicos; declararon en falsedad, que la universidad contaba con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del convenio suscrito y que no requeriría de la subcontratación con terceros para el cumplimiento de los trabajos contratados.

Se determina concluir con el seguimiento de esta acción en virtud de que el asunto quedó registrado con el número de expediente OIC/PARA/001/06-2015.

En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



jueves, 4 de agosto de 2016

Defrauda la UAEM a la Federación

Documenta la Auditoría Superior de la Federación daño a la Hacienda Pública Federal por casi 1,100 millones de pesos Usó esquemas para simular servicios y adquisiciones, así como subcontratar proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana Contrató empresas no localizadas y presuntamente vinculadas con actos irregulares Promovió la ASF acciones de responsabilidad y presentó denuncias ante la PGR

Sol de Cuernavaca / Sol de Cuautla

Miguel Ángel de Alba
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) presuntamente habría defraudado al Gobierno federal 1,097 millones 109 mil 860.6 pesos, en recursos provenientes de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), al utilizar esquemas que le permitieron simular servicios y adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana, y contratar empresas no localizadas y presuntamente vinculadas con actos irregulares.
Lo anterior fue resultado de auditorías forenses realizadas por la ASF durante 2013 y 2014, que concluyeron en solicitud de promoción de responsabilidades y denuncias ante la Procuraduría General de la República, el 20 de octubre de 2015, según el corte hecho por la Auditoría al 31 de mayo de 2016.
Las auditorías respectivas arrojaron los siguientes resultados:
Auditoría forense 14-4-99025-12-0209-06-002 (Auditoría 209, año 2014):
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 77,847,014.40 pesos (setenta y siete millones ochocientos cuarenta y siete mil catorce pesos 40/100 M.N.), por los actos u omisiones atribuibles a los funcionarios que en su gestión contrataron el 100.0% de la prestación del servicio de levantamiento de información que permitiera conocer la opinión de los beneficiarios en relación con la atención recibida del personal de los programas sociales y de la oportuna entrega de los apoyos; así como la verificación de la información suficiente en el padrón de beneficiarios para su localización de en sus domicilios, en los estados de Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Veracruz; a través de la prestación de un servicio integral de trabajos de apoyo complementarios que se realizarán en las Entidades Federativas mencionadas, con un proveedor sin el perfil ni la capacidad técnica y económica; en el cual omitieron vigilar y supervisar el cumplimento de lo contratado, con lo que causaron un daño al erario, toda vez que contrataron y pagaron servicios de los cuales no se tiene evidencia de la realización por parte del proveedor.
Auditoría forense 14-4-99025-12-0209-06-003 (Auditoría 209, año 2014):
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 22,944,101.20 pesos (veintidós millones novecientos cuarenta y cuatro mil ciento un pesos 20/100 M.N.), por los actos u omisiones atribuibles a los funcionarios que en su gestión contrataron el 100.0% de la prestación del servicio de Desarrollo, Implementación y Puesta en Operación del sistema de Control de Gestión con Interoperabilidad y Uso de Firma electrónica Avanzada, del cual omitió vigilar y supervisar el cumplimento de lo contratado, con lo que causaron un daño al erario, toda vez que contrataron y pagaron servicios de los cuales no se tiene evidencia de la realización por parte del proveedor.
Auditoría forense 14-4-99025-12-0209-06-001 (Auditoría 209, año 2014)
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 324,632,876.70 pesos (trescientos veinticuatro millones seiscientos treinta y dos mil ochocientos setenta y seis pesos 70/100 M.N.), por los actos u omisiones atribuibles a los funcionarios que en su gestión contrataron el 100.0% de la prestación del servicio integral de orientación, promoción, apoyo, organización y evaluación de actividades encaminadas a fortalecer la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, con dos proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica y económica; en el cual omitieron vigilar y supervisar el cumplimento de lo contratado, con lo que causaron un daño al erario, toda vez que contrataron y pagaron servicios de los cuales no se tiene evidencia de la realización por parte de los proveedores.
Auditoría forense 14-4-99025-12-0209-06-005 (Auditoría 209, año 2014):
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 13,077,276.00 pesos (trece millones setenta y siete mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), por los actos u omisiones atribuibles a los funcionarios que en su gestión suscribieron el convenio de colaboración con la SAGARPA para llevar a cabo la ejecución del "PROAGRO Productivo" y omitieron vigilar y supervisar el cumplimento de lo contratado, con lo que causaron un daño al erario, toda vez que de los recursos que les entregó la SAGARPA pagaron a diversas empresas de las cuales no se tiene evidencia de los trabajos que ejecutaron para cumplir con el objeto del convenio.
Auditoría forense 13-4-99025-12-1426-06-003 (Auditoría 1426, año 2013):
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 239,308,000.00 pesos (doscientos treinta y nueve millones trescientos ocho mil pesos 00/100 M.N.), por los actos u omisiones atribuibles a los funcionarios que en su gestión suscribieron el contrato de prestación de servicios con un proveedor por los servicios de la estrategia de integración de información de los requerimientos y líneas rectoras de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y subcontrataron el 100.0% de los servicios con un proveedor que no fue localizado, sin el perfil ni la capacidad técnica y económica para la prestación de los servicios; omitieron vigilar y supervisar el cumplimento de lo contratado, con lo que causaron un daño al erario, toda vez que contrataron y pagaron servicios de los cuales no se tiene evidencia de la elaboración por parte del proveedor, y los entregables presentan fecha anterior a la contratación.
Auditoría forense 13-4-99025-12-1426-06-001 (Auditoría 1426, año 2013):
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 396,838,411.64 pesos (trecientos noventa y seis millones ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos once pesos 64/100 M.N.), en virtud de que no se tiene evidencia de la adquisición y de la entrega de los bienes y servicios a los 400 municipios, conforme a las especificaciones del apéndice 1 del anexo técnico número 1 del convenio de colaboración, sin embargo, se liberaron los pagos el 15 de octubre y 21 de noviembre de 2013. Lo anterior fue propiciado por los actos y omisiones atribuibles a los funcionarios que en su gestión suscribieron el contrato, licitaron de manera fraccionada, subcontrataron el 100% de los servicios y el proveedor no fue localizado, adjudicaron el pedido con proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica y económica para la prestación de los servicios; y omitieron vigilar y supervisar el cumplimento de lo contratado.
Auditoría forense 13-4-99025-12-1426-06-002 (Auditoría 1426, año 2013):
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 39,159,036.40 pesos (treinta y nueve millones ciento cincuenta y nueve mil treinta y seis pesos 40/100 M.N.), por los actos u omisiones atribuibles a los funcionarios que en su gestión suscribieron el contrato de prestación de servicios con un proveedor por la asesoría especializada en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, subcontrataron el 100.0% de los servicios y omitieron vigilar y supervisar su cumplimento, con lo que causaron un daño al erario, toda vez que contrataron y pagaron servicios de los cuales no se tiene evidencia de la elaboración por parte del proveedor, y los entregables presentan fecha anterior a la contratación. En relación a los servicios en materia de medios de comunicación y difusión de promoción social, no se presentó la documentación que avale la elaboración del documento.
Auditoría forense 13-4-99025-12-1426-06-004 (Auditoría 1426, año 2013):
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 22,462,182.00 pesos (veintidós millones cuatrocientos sesenta y dos mil ciento ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), por los actos u omisiones atribuibles a los funcionarios que en su gestión suscribieron el contrato de prestación por los servicios de la estrategia de integración de información de los requerimientos y líneas rectoras de la Cruzada Nacional contra el Hambre para desarrollar un sistema de administración y seguimiento a los programas sociales con Reglas de Operación del gobierno federal, y omitieron vigilar y supervisar el cumplimento de lo contratado, ya que los entregables presentan fecha anterior a la contratación y el sistema es inoperante ya que contiene uno solo de los 70 programas sociales que forman parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como por realizar pagos en demasía.
LAS SANCIONES
La ASF promovió responsabilidades ante la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para sancionar a los funcionarios que presuntamente incurrieron en los delitos señalados, las cuales fueron:
Promoción de responsabilidades 13-9-99025-02-0226-08-001
Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones atribuibles a los servidores públicos que en su gestión no vigilaron el estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y su Reglamento, en virtud de que licitaron sin apego a la normativa, suscribieron el convenio de colaboración con Sedesol el 6 de mayo de 2013 y sus respectivos anexos y apéndices técnicos; declararon en falsedad, que la universidad contaba con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del convenio suscrito y que no requeriría de la subcontratación con terceros para el cumplimiento de los trabajos contratados.
Promoción de responsabilidades 09-9-99025-06-0271-08-001
Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron y realizaron adquisiciones mediante el procedimiento de adjudicación directa, cuya suma de las operaciones excedió del 30.0% permitido para este tipo de adjudicaciones, respecto del total de las adquisiciones realizadas.
Promoción de responsabilidades 09-9-99025-06-0271-08-005
Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron y realizaron la contratación de obras públicas mediante el procedimiento de adjudicación directa, cuando debieron adjudicarse por invitación a cuando menos tres personas o licitación pública, ya que las contrataciones rebasaron los montos máximos autorizados para adjudicación directa.
Promoción de responsabilidades 09-9-99025-06-0271-08-002
Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron y realizaron adquisiciones mediante el procedimiento de adjudicación directa, cuando debieron consolidarse por tratarse de bienes de la misma naturaleza y adjudicarse por invitación a cuando menos tres personas, ya que la suma de las operaciones rebasó los montos máximos autorizados.
Promoción de responsabilidades 09-9-99025-06-0271-08-003
Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron y realizaron adquisiciones sin que los pedidos fueran firmados por el proveedor, y que además omitieron establecer plazos para asegurar la entrega oportuna de los bienes adquiridos.
DENUNCIAS ANTE LA PGR

De acuerdo con el corte realizado por la ASF al 31 de mayo de 2016, habría radicado el 20 de octubre de 2015 denuncias contra la Sedesol y la UAEM como resultado de las auditorías forenses 209 y 1426, correspondientes a 2014 y 2013.

martes, 2 de agosto de 2016

TERTULIA POLÍTICA

No se cómo sea, pero no es como
tú dices / No quiero, no quiero, pero echamelas
en el sombrero / Dichos populares

Morebus

Pedro Martínez Serrano
Desde que asumió el gobierno Graco Ramírez, he estado en desacuerdo con las políticas públicas, aplicadas por él en contra del sentir y los intereses ciudadanos, pero también, porque el sujeto resultó un mentiroso, mitómano, difamador y ladrón, sin embargo, coincido NO con él, pero si con la realidad económica que vive todo el país, en cuanto a la necesidad de reformar la ley del servicio civil que, en la condición en que se encuentra, anuncia el colapso económico por tantísima trampa burocrática que hay para jubilar y pensionar a vivales que, sin merecerlo, se dedican años, décadas a sangrar el erario.
Un segundo tema en el que estoy de acuerdo, es en la urgencia de modernizar el transporte público de pasajeros que, en el terreno de los hechos, es deficiente, peligroso, caro, mugroso y agresivo, profundamente agresivo con la ciudadanía, lo mismo con los transeúntes, que con los conductores, sean particulares o del servicio público. Los improvisados choferes de las llamadas rutas, igual que de taxis, pasan encima, literalmente encima de quien sea, con tal de ganar el pasaje, al usuario.
Los conductores de las rutas del transporte público, cuando menos 99.9 de cada 100, son barbajanes, vulgares, mugrosos y don juanescos, es decir irrespetuosos con las mujeres, pero también majaderos y ofensivos con las personas mayores.
El colmo: me ha tocado ser testigo de accidentes en los que, los ruteros han asesinado en forma accidental a transeúntes; también cuando han impactado por choque a algún particular y, lejos de la disculpa o la justificación, altaneros, irreverentes y bravucones, agreden a las víctimas. Su respuesta recurrente, es ´orita viene mi seguro; hay te arreglas con él.
Tal no es lo más grave; lo delicado del asunto es que lo mismo taxis, que rutas circulan en condiciones de alarmante inseguridad; en vehículos que son verdaderos vejestorios; decían en los encabezados de los viejos periódicos: ataúdes rodantes que, en muchas, muchísimas ocasiones, no disponen ni seguro de daños y mucho menos licencia el conductor.
Más:
Cuando Lauro Ortega Martínez (el muy querido y, por mucho, mejor gobernador que ha tenido Morelos) decidió entregar los permisos de las ahora llamadas rutas, lo hizo para equilibrar y socializar los beneficios del transporte público, como para terminar con lo que entonces se llamaba el pulpo camionero; un grupillo de transportistas tramposos que se habían adueñado de cientos de concesiones.
Hoy pasa lo mismo. Cuando mucho, unos 50 personajes muy conocidos en sus regiones, se han apropiado de manera abusiva de los permisos de transporte público de pasajeros que operan en Morelos; las diferentes rutas y los servicios colectivos, responden a intereses de unos pocos, para los que trabajan muchos que ayer fueron permisionarios y una urgencia o algún vicio, los llevó a vender sus concesiones a quienes ahora las controlan.
Con ese antecedente, muy a toro pasado, sin entrar a detalles, de los que también dispongo, creo que la decisión empujada en el Congreso del Estado, de modernizar el transporte, es la correcta, es la que beneficiará a miles, posiblemente cientos de miles de usuarios y, afectará, según ellos, a los hoy concesionarios y trabajadores del transporte.
He visto pataleos y acusaciones de parte de los transportistas, pero no han mostrado argumentos sólidos y soportados en la realidad, para oponerse a lo que se denomina el Morebus, cuyo aval dieron los diputados al Congreso del Estado, según me confiaron, en respuesta a la necesidad de ordenar, eficientar y modernizar la movilidad urbana en nuestra entidad.
Incluso, me dejaron ver parte del Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, que forma parte del Reporte Global en Asentamientos Humanos de ONU-Hábitat (https://issuu.com/documentosfenamm/docs/reporte_nacional_de_movilidad_urban/1), y que propone contribuir al avance de las ciudades mexicanas hacia modelos de desarrollo sostenibles en un contexto de derechos humanos.
Es proveer información y contribuir al diseño de políticas públicas de movilidad urbana sustentable, para que los hacedores de política reconozcan y atiendan la complejidad de los retos de la urbanización, en un contexto de derechos humanos y oportunidades de desarrollo para toda la población; así como aportar elementos para el debate y la discusión sobre el tema, destacándose algunos resultados, estos son:
1.-  Deficiencia y baja calidad del transporte público, lo que inhibe su posicionamiento como una alternativa para la movilidad; es la flota con menor crecimiento, innovación tecnológica y sistemas de administración y operación.
2.- En cuanto a la administración del servicio de transporte público en los municipios, las autoridades estatales otorgan concesiones individuales (a personas que pueden ser dueñas de varias unidades, esquema conocido como hombre-camión) que se organizan en torno a la ganancia diaria del dueño (cuenta) o sueldo del conductor. Este sistema se caracteriza por una competencia feroz por el pasaje, inseguridad, sobrecupo, nula interconectividad, paradas discrecionales y repentinas para el ascenso y descenso de pasaje, invasión de rutas, bajas velocidades, conductores improvisados e invasión y deterioro del espacio público.
3.- En México, las iniciativas para mejorar la cada vez más comprometida movilidad urbana, empezaron en las grandes metrópolis y ciudades, tomando como referencia los modelos impulsados a nivel internacional, basados en una movilidad urbana sustentable que integra los sistemas de transporte público urbano masivo, con el desarrollo urbano y las políticas de infraestructura vial.
4.- Una ciudad con un transporte público integral aumenta su competitividad económica al interconectar todos los elementos generadores de valor y al denotar una imagen de progreso y modernidad que atraigan tanto mayor talento humano como inversiones que aumenten su dinamismo.
5.- Los costos de congestión vial y contaminación, aunados al costo de trasladarse en un transporte ineficiente y de mala calidad, significan miles de horas perdidas cada día, pero la congestión que afecta a toda la población no se resuelve con la construcción de más vialidades, sino a través de políticas que reduzcan el número de autos en la calle.
5.- La carencia de un marco legal adecuado para la gestión de las zonas metropolitanas ha provocado acciones desarticuladas e incluso contradictorias en temas como la planeación urbana, usos del suelo, dotación de equipamiento, homologación de normatividad administrativa, hacendaria, de inversión y movilidad, así como en prevención y atención de riesgos.
6.- Desde el gobierno federal se establecen los lineamientos para una política pública integral de movilidad urbana sustentable, que se vincule e interactúe con las políticas de desarrollo urbano, accesibilidad, seguridad ciudadana y de medio ambiente, de tal forma, que sea un factor clave para la reestructuración y consolidación de ciudades compactas con mayor conectividad y densidad, con jerarquías en el uso del espacio público y procurando calles completas.
7.- En zonas metropolitanas y las ciudades medias y pequeñas (100 mil a menos de 500 mil habitantes), es recomendable canalizar recursos y apoyos técnicos para eficientar sus sistemas de transporte concesionado a efecto de sustituir el esquema hombre-camión por esquemas integrales de administración y operación.
8.- Adecuar las reglas de operación de los fondos presupuestales a efecto de otorgar prioridad a proyectos e iniciativas de movilidad sustentable e integral y reducir progresivamente las inversiones en infraestructura vial para el automóvil.
“El Sistema Integrado de Transporte Masivo que se propone adicionar, viene a complementar el abanico de modalidades que la legislación en la materia contempla y regula, de ahí lo beneficioso de su incorporación al texto de la ley, ya que no se trata de una modalidad impositiva sino permisiva que ofrece a los titulares de las concesiones contar con un mecanismo nuevo y a su alcance que haga posible su fortalecimiento e incluso, garantizar la rentabilidad de su actividad económica, la que, como ya se expuso, permite al estado el cumplimiento de una de sus principales tareas sociales encomendadas, esto es, el servicio de transporte público”.
Se entiende como transporte masivo el que permite el traslado de mayor número de usuarios en tiempos cortos y largos trayectos, con visión regional y conurbada, cuyas características en la prestación del servicio sean la seguridad, la comodidad y la confiabilidad, utilizando vehículos adecuados para tener emisiones contaminantes atmosféricas reducidas.
En función de lo anterior, es que se dispuso adecuar el Artículo 54 de la Ley del Transporte Público en Morelos, a fin de permitir que  Las personas físicas titulares de concesiones, se incorporen o se conformen en personas morales constituidas como empresas, con la aportación en goce al equivalente de su concesión; la disolución de la asociación se realizará de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.
Con lo anterior, desde el punto de vista legal, la empresa tiene personalidad jurídica independiente a sus socios o accionistas; la cual adquiere a partir de su Acta Constitutiva. Si bien el accionista aporta los recursos necesarios para iniciar una empresa, ésta una vez que inicia operaciones generará sus propios recursos, (flujo de efectivo y utilidades), así como el pago de sus obligaciones entre las cuales figuran los impuestos.
Hay que destacar que, de acuerdo a la nueva disposición, para el funcionamiento y operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo, la Secretaría y los sectores social y privado podrán constituir fondos cuyos recursos serán administrados y operados a través de uno o varios fideicomisos, mismos que deberán contar con un Comité Técnico, estando obligados, cuando menos, a:
I.             Administrar cautelosamente los recursos, a fin de permitir el cumplimiento efectivo de sus fines;
II.           Crear mecanismos e incentivos para nutrirse de recursos, y
III.          Realizar las previsiones necesarias a fin de procurarse solvencia.
Los recursos de los fideicomisos se aplicarán para los fines que se determinen en el instrumento que los constituya y rija.
·         Es una herramienta flexible, la cual permite tener diferentes tipos de bienes (terrenos, derechos de cobro, flujos dinerarios, equipos, acciones, entre otros) y cumplir con múltiples encargos. Cada contrato se estructura a la medida de las necesidades de las partes.
·         Facilita el acceso al crédito, ya que con el fideicomiso se mitigan riesgos en la operación y en una eventual ejecución.
·         La ejecución no requiere de un proceso judicial, por lo tanto, la recuperación de financiamientos es más rápida y eficaz.
·         El fideicomiso no entorpece los procesos operativos del fideicomitente.
·         Es una estructura tributariamente neutra.