TERTULIA POLÍTICA

Congreso basura 

Cada día son igual o peor que sus antecesores; cada
vez son más cínicos y voraces. El ejemplo
de Tania , Rosalina, Blanca Nieves y más y
más “representantes populares”, que no representan
más que sus intereses personales, hace que
el poder legislativo se convierta en un vulgar mercado
en el que se venden los votos

Pedro Martínez Serrano

Hace un par de días, los diputados integrantes de la LIV legislatura, confirmaron lo que siempre he creído: los Congresos en los Estados y la legislatura federal, han servido sólo para legitimar abusos de poder y para condicionar y negociar a su entero beneficio, decisiones que en muchos casos también, hay que reconocerlo, abonan a la gobernabilidad y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado.

        El ejemplo de lo anterior y que confirma que cada día son peor y más voraces los diputadillos, es la reciente negociación a que llegaron los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, que encabeza la señora Tanía Valentina Rodríguez, con el único fin de enchufar en la nómina del Poder Legislativo a familiares, amigos y amantes. Destrabaron la prórroga solicitada para la presentación delk presupuesto, por parte del Ejecutivo del Estado.

        El planteamiento de la voracidad y la actuación basura de los legisladorcillos, se sustenta en el hecho de que, cada uno de ellos va al Congreso, ya no a construir futuro político; buscan con voracidad esa representación, con el fin único de negociar bajo la mesa y conseguir dinero al precio que sea. La mayoría de los integrantes de la actual legislatura, tienen conductas basura, se han convertido en una porquería usurera. Se convierten en lo que critican.

        Cada día son igual o peor que sus antecesores; cada vez son más cínicos y voraces. El ejemplo de Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Rosalina Mazari Espín, Blanca Nieves Sánchez Arano y más y más “representantes populares”, que no representan más que sus intereses personales, hace que el poder legislativo se convierta en un vulgar mercado en el que se venden los votos, para cada una de las acciones que busca emprender el Estado y deben pasar la aduana de la aprobación en el Congreso. Todo tiene precio. Dinero bajo la mesa que exigen y cobran como si lo merecieran o bien, cargos para “sus seres queridos”, incluida@s amantes.

        Hoy se repartieron un paquete de cargos, de los que removieron a personas a las que acusan de servir a los intereses del pasado, eso sí, como quienes se fueron en el pasado inmediato, al final de la legislatura buscarán heredar a la siguiente y, en el peor de los casos, jubilar o pensionar echando mano de todo tipo de trampas.

        Limitada e ignorante como es en el argumento, Tania Valentina recurre a la estupidez para justificar el despido de personal y la imposición de familiares en las vacantes. “Tenemos espías de la anterior legislatura”, ante cuyo pendejismo valdría la pena preguntar: qué esconden; no se supone que la transparencia debe colocar en caja de cristal la actuación de todas y cada una de las instancias de gobierno.

        Para ilustrar lo que ocurre en el estercolero que se ha convertido el Congreso del Estado, retomo la entrega de la periodista Ana Lilia Mata:

Los diputados “rebeldes” sólo querían cargos para sus allegados

Ana Lilia Mata

El reparto de plazas en el Congreso acaba con la resistencia de los legisladores que se negaban a sesionar.

Los diputados locales se repartieron las diferentes áreas administrativas del Congreso del estado y colocaron a familiares y allegados. Además, acordaron dar de baja a más de 100 trabajadores antes de que concluya el año.

La coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, confirmó el acuerdo de la Junta Política y de Gobierno por el que se determinaron cambios en 15 áreas administrativas y se distribuyeron entre los diputados.

Dicho acuerdo se dio inmediatamente después de que el bloque de nueve legisladores, encabezado por el PT, accedió a aprobar la prórroga al Poder Ejecutivo para presentar el Paquete Económico el 15 de diciembre.

"Todos los legisladores designamos entre legisladores del Poder Legislativo y estoy muy contenta que desde la Junta Política se pudo llegar a un acuerdo en donde todos estén en las mismas circunstancias y en las mismas posibilidades. No hay legisladores ni de primera ni de segunda clase. Es para que tengamos gente todos, son dos direcciones por diputado", declaró la legisladora del PT.

Dichas áreas, que se convirtieron en posiciones políticas, serán ocupadas por familiares y allegados de los legisladores, como es el caso del padre de la diputada del Partido Humanista (PH), Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, Gerardo Sánchez Mote, quien ocupará la Jefatura de Adquisiciones.

La diputada del Partido Social Demócrata (PSD), Nadia Díaz Roca, designó a Israel Rafael Yúdico Herrera, militante de su partido, en la Dirección Administrativa.

El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Andrés Duque Tinoco, a su familiar Edgar Duque Granda, en la Jefatura de Activos Fijos.

José Casas González, vicecoordinador del PT, colocó a Patricia Lizet Pacheco Rodríguez en la coordinación de Comunicación Social. A este mismo Partido también le correspondió la Dirección de Recursos Humanos, en la que se nombró a Miguel Ángel Romo Rojas, cargo que ocupó Ivonne Zavala Zúñiga, hermana de la secretaria de Administración del gobierno del estado, Mirna Zavala Zúñiga, y quien fue removida por presiones de los coordinadores de los grupos parlamentarios.

El PT también logró quedarse con la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, cargo al que renunció Jaime Juárez López la semana pasada, tras el conflicto político en el Congreso del estado por el tema presupuestal.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno también confirmó el acuerdo para despedir a más de 100 trabajadores de confianza del Congreso local, que en algunos casos tienen antigüedad mayor a 15 años.

La diputada afirmó que la determinación se tomó porque tienen registro de que algunos trabajadores aún informan sobre las actividades del Congreso a exdiputados de la LIII Legislatura. "Tenemos un Congreso con muchos espías, donde directores operan para Hortencia Figueroa, Beatriz Alatriste. Se les pidió la renuncia y pondremos gente de confianza", agregó.

Aseguró que se les liquidará conforme a la ley, mediante convenios de pago, debido a la situación financiera que enfrenta el Congreso local.

Hasta aquí la entrega de Ana Lilia Mata, que muestra que la estupidez y el atropello, será el sello de la actual legislatura.

Precisamente por la voracidad y el cinismo con que se conducen los legisladores, igual locales que federales, creo que es necesario revisar nuevos mecanismos de control institucional. Los Congresos se agotaron, se convirtieron en vulgares mercados y depositarios de caprichos dictatoriales, como ocurre a nivel federal.

TERTULIA POLÍTICA

Gatopardismo

Los diputados se hartaron de ladrar que echarían abajo 

la designación de los dos fiscales (Carmona y Salazar),
12 días antes de concluir la anterior legislatura.
El tema se apagó, me dicen que a cambio
de posiciones para familiares, amig@s
y amantes en la nómina de ambas instancias

Pedro Martínez Serrano

El triunfo del pasado 1 de julio, de Andrés Manuel López Obrador, como de Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue el resultado de la expresión de hartazgo de los mexicanos, como de los morelenses, ante la pestilente y ofensiva, tanto como cínica y arbitraria ola de corrupción y latrocinio que encabezaron Enrique Peña Nieto, el pusilánime que encabezó el ejecutivo federal, como su par en el ámbito estatal, Graco Ramírez Garrido.

        Ambos mandatarios, nacional como local, fueron cómplices de cárteles criminales que actuaron a placer, permitieron que las calles de pueblos y ciudades se inundaran de sangre, que se convirtieran en cementerios a cielo abierto. Del voraz saqueo, dan cuenta las propiedades millonarias que poseen Peña Nieto y Graco Ramírez, igual que aquellos que fueron cómplices de las corruptas administraciones.

        Lo que hoy llama poderosamente la atención, es la determinación del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador de anunciar el indulto: “No creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos... Si se optara por eso, como somos honestos, tendríamos que empezar por los de arriba y no solo los de ahora”, ha dicho el tabasqueño.

        Esa decisión, con un pestilente tufo a componenda con el todavía presidente Peña Nieto, ha empezado a generar descontento social, en especial en aquellos que votaron a favor de López Obrador, confiados en que ese punto final a la corrupción, empezaría con el castigo a quienes sobrepusieron sus intereses y sus comisiones, a la seguridad de las obras de quinta calidad que concesionaron a familiares y amigos. El paso Express Tlahuíca es el ejemplo más claro y a la mano. Gerardo Ruiz Esparza puede estar tranquilo. No habrá castigo para su corrupta y asesina administración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

        El manto de impunidad con que se despide el gobierno federal, me parece que NO ha sido pasado por alto en Morelos, en donde la permanencia de los fiscales, general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Jesús Salazar Núñez, respectivamente, garantizan la tranquilidad de los ladrones, corruptos y asesinos que se fueron, encabezados por Graco Ramírez.

Es más, Carmona y Salazar tienen aseguradas sus posiciones de manera transexenal, es decir los seis años de administración de Cuauhtémoc Blanco y el primero de quien llegue a gobernar después, surja del partido que surja. Fueron electos el 18 de agosto, por la anterior legislatura, por un periodo de 7 años.

        Y aunque el gobierno del Estado ha tupido a denuncias a funcionarios de la administración que concluyó el 30 de septiembre; más de 20 han sido presentadas, me parece que es un juego gatorpadiano, ese que se sustenta en que todo cambie, para que todo siga igual.

        Veamos:

        Durante su campaña, lo mismo el gobernador Cuauhtémoc Blanco, que los diputados integrantes de la amorfa legislatura local, ofrecieron como principal oferta, el encarcelamiento de los corruptos. Los corruptos caminan tan campantes y hacen su vida normal. No tienen de que preocuparse, tienen a su servicio y como aliados, al Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara y el anti corrupción, Juan Jesús Salazar Núñez.

        Los diputados se hartaron de ladrar que echarían abajo la designación de los dos fiscales, 12 días antes de concluir la anterior legislatura. El tema se apagó, me dicen que a cambio de posiciones para familiares, amig@s y amantes en la nómina de ambas instancias.

        No sólo lo anterior, antes de concluir sus iguales de la legislatura que se fue el 31 de agosto, jubilaron y pensionaron a quien les vino en gana, pero también a quien les ordenó Rodrigo Gayosso Cepeda, quien en realidad desgobernó Morelos. La oferta de los diputados locales actuales, fue que las echarían abajo. No pasó nada.

        Hoy, los diputados que encabeza Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidente de la junta política, como de la Comisión de Trabajo, ya aclararon que el tema de las jubilaciones y pensiones, es complicado y tedioso resolverlo. Todos los que obtuvieron ese beneficio, pueden estar tranquilos. Para que todo cambie, nada cambiará.

          Es más, hay un grupo de diputados que muy temprano se exhiben como sus antecesores, vulgares sableadores que complican la función del Ejecutivo a cambio de dadivas millonarias. Así las cosas, lo que sucede hoy la legislatura, infiltrada por Graco Ramírez, arrincona a que el gobierno muestre un rostro gatopardiano: Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie.

Rechazan 12 gobernadores figura del “Coordinador
Estatal” y la militarización de la seguridad pública

22 de noviembre de 2018.

El camino del entendimiento está trazado
en la Constitución, en el federalismo, en la división de poderes,
en el respeto a los derechos y libertades, en el diálogo incluyente y participativo. Cualquier atajo en ese camino sólo conduce a desencuentros que siempre pagan muy caro todos los mexicanos

Lic. Andrés Manuel López Obrador

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos

Presente.

El federalismo es una decisión constitutiva de la Nación mexicana. Un arreglo institucional que asigna responsabilidades y deberes para mejor proveer al bienestar de los mexicanos.

Si bien nuestro federalismo enfrenta problemas y desafíos incuestionables, sobre todo en las materias hacendaria y de seguridad, debe ser el punto de partida para que el Estado mexicano construya capacidades suficientes y eficaces para garantizar los derechos de las personas, prestar servicios públicos con eficiencia, preservar la gobernabilidad democrática y hacer valer el Estado de Derecho.

La condición esencial de funcionamiento de un Estado federal es la coordinación, la colaboración y la ayuda subsidiaria entre los órdenes de gobierno. Desde esa convicción, expresamos nuestra disposición a construir con el nuevo gobierno instituciones sólidas y políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, erradicar la corrupción, mitigar la desigualdad y restaurar la convivencia pacífica en nuestras comunidades.

Nuestros gobiernos colaborarán, en el ámbito de su competencia, con las autoridades federales. Pero la colaboración no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar, como es nuestro caso. El país se construye de abajo hacia arriba, desde el espacio local. Resolver los problemas requiere conocimiento del territorio, cercanía con la población y atención a las peculiaridades de cada región. Las prioridades regionales deben definirse de manera conjunta, considerando las condiciones particulares de cada entidad federativa. No se imponen desde el centro.

La colaboración en materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional, blindarla de componentes y fines político electorales, para hacerla un campo de neutralidad política que eleve la mirada por encima de diferencias ideológicas, considerando en ello factores de responsabilidad legal y representatividad entre autoridades, eficiencia, secrecía, profesionalismo.

Por ello nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados  “Coordinadores Estatales” del Gobierno Federal, y colocar a los Gobernadores y Fiscales de los Estados como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales.

El camino para resolver el gran pendiente de la seguridad es, por un lado, atender las causas criminógenas del delito y de la violencia, sobre todo las que facilitan la captura de los jóvenes y grupos vulnerables por el crimen organizado y, por otro lado, fortalecer las capacidades civiles de policía, investigación, procuración de justicia y reinserción social.

En particular, establecer políticas de largo plazo e invertir recursos en el reclutamiento, profesionalización y dignificación salarial y gremial para las policías federal y locales, bajo un diseño institucional que precise los tramos de responsabilidad y los mecanismos de colaboración, auxilio y sustitución subsidiaria. Asimismo, fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que el esfuerzo del Estado mexicano en esta materia se oriente a objetivos claros, transparentes, medibles y evaluables. Un sistema que fije con eficacia las obligaciones, procesos y consecuencias para que cada componente de la Unión haga bien la parte que le corresponde.

Reconocemos la contribución que las fuerzas armadas mexicanas realizan todos los días por la seguridad de los ciudadanos y estamos de acuerdo en la imperiosa necesidad de que continúen con esa extraordinaria labor de apoyo a la seguridad de la sociedad mexicana. Pero su presencia responde a una necesidad provocada por la omisión política de construir capacidades civiles. Las fuerzas armadas deben participar en auxilio y colaboración de las autoridades competentes en circunstancias especialmente apremiantes que pongan en riesgo la soberanía e independencia nacional, la continuidad del orden constitucional, la integridad del pacto federal, la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos.

La función de las fuerzas armadas no es la de primeros respondientes, sino el último recurso del Estado para preservarse. Los primeros respondientes somos quienes fuimos votados por los ciudadanos para velar por su tranquilidad. No podemos pedir más a las fuerzas armadas de manera indeterminada, si de la mano no trazamos una ruta de mejora de las policías civiles federales y, especialmente, estatales y municipales.

Estamos convencidos de que México debe avanzar hacia una normalidad en la que la seguridad sea una condición generada desde las responsabilidades jurídicas y políticas. El camino del entendimiento está trazado en la Constitución, en el federalismo, en la división de poderes, en el respeto a los derechos y libertades, en el diálogo incluyente y participativo. Cualquier atajo en ese camino sólo conduce a desencuentros que siempre pagan muy caro todos los mexicanos.

Reiteramos, sin reserva alguna, nuestro respeto, reconocimiento y gratitud a nuestras fuerzas armadas, nuestra voluntad de diálogo y colaboración con el nuevo titular del ejecutivo por el bien de México, como corresponde a una democracia que aspira a consolidarse con el esfuerzo de todos.

Atentamente,

C.P. Martín Orozco Sandoval

Gobernador del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes

Lic. Francisco Arturo Vega de Lamadrid

Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California

Mtro. Carlos Mendoza Davis

Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur

Lic. Javier Corral Jurado

Gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua

Dr. José Rosas Aispuro Torres

Gobernador del Estado Libre y Soberano de Durango

Mtro. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guanajuato

Lic. Antonio Echevarría García

Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nayarit

Dr. José Antonio Gali Fayad

Gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla

MVZ. Francisco Domínguez Servién

Gobernador del Estado Libre y Soberano de Querétaro

C.P. Carlos Joaquín González

Gobernador del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca

Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas

Lic. Mauricio Vila Dosal

Gobernador del Estado Libre y Soberano de Yucatán

TERTULIA POLÍTICA

Irresponsabilidad financiera

Pedro Martínez Serrano

La crisis financiera en que se encuentra sumergida la Universidad Autónoma del Estado (UAEM), tiene su origen en la impunidad con que han actuado los ex rectores, Gerardo Ávila García, René Santoveña, Fernando Bilbao y Alejandro Vera Jiménez; aunque esa responsabilidad la comparte en gran medida, el ex gobernador Graco Ramírez.

        Los problemas que enfrenta hoy la máxima casa de estudios, se empezaron a diseñar, cuando el ex rector Gerardo Avila García ordenó el levantamiento del diagnóstico regional, en el cual se sostuvo el argumento para construir escuelas en diferentes municipios de la entidad, en la mayoría de los casos con el propósito escondido de abultar el voto en el Consejo Universitario.

        Y aunque empujó la educación a distancia, especialmente en el apartado del bachillerato, sentó la bases para que se empezaran a construir campus, en los que hay más trabajadores administrativos y académicos, que estudiantes.

        Hoy, con una nómina obesa, cuestionable y tramposa, la máxima casa de estudios enfrenta un déficit multimillonario que en sólo 6 años, pasó de 280 a casi mil 700 millones de pesos y, aunque el origen de ese asunto, ha sido la voracidad de quienes han ocupado la rectoría, junto con el saqueo en que incurrió Graco Ramírez, las autoridades universitarias que encabeza Gustavo Urquiza Beltrán, se concretan a estirar la mano y buscar que los gobiernos Federal y Estatal les resuelvan el problema.

        Lo que es una realidad, es que en tanto no se aplique una investigación a fondo y se castigue a los culpables de la quiebra de la máxima casa de estudios, no habrá una solución de fondo y, entonces, se seguirá presionando al Ejecutivo para resolver un problema que es estrictamente responsabilidad de los universitarios.

        Hace un mes, el 21 de octubre, escribí algo que creo que se mantendrá vigente en tanto no se trasparente la aplicación de recursos en la UAEM:

        El control de la rectoría ha generado nuevos millonarios, de los que creo que ninguno, podría acreditar como producto de su trabajo en aula o posiciones directivas en el gobierno de la UAEM la fortuna de la que hoy hacen gala, por ejemplo con residencias en destino de playa del país o ciudades del extranjero, el ejemplo a la mano es el ex rector Vera, ahora funcionario de “primer nivel” del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

(…) los responsables de su manejo económico, han buscado responsables de solucionar la problemática que ellos provocaron, exigiendo un rescate que, de acuerdo al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tiene que pasar por una investigación a fondo y castigo a quienes tengan responsabilidad.

        En el segmento de quienes deben ser investigados, se encuentran quienes fueron responsables del manejo de recursos, especialmente el ex rector, Alejandro Vera Jiménez (…) y quienes manejaron a placer y sin ningún control los recursos multimillonarios.

El responsable principal de la quiebra, es Graco Ramírez, quien debe ser encarcelado, pues además del robo del dinero que debió entregarse a la UAEM, desfondó la economía estatal y empeñó su futuro, con créditos perniciosos (de cuyo manejo irregular poseo pruebas) y adeudos inventados, a los que ahora hace frente y revisa con escrupuloso cuidado, el secretario estatal de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca.

Y precisamente es Alejandro Villarreal¸ a quien se condena a hacer malabares y buscar recursos, para ayudar a resolver el problema que enfrentan alrededor de 43 mil estudiantes y 6 mil trabajadores, cuyo origen está en la venta de plazas, asensos, aumentos de sueldo y compensaciones tramposas, el cobro de comisiones por la contratación y compra de bienes y servicios, además de un largo rosario de irregularidades que constituyen delito, más allá de la participación en la estafa maestra, de cuyo tema, un tal Wistano Orozco, también empleado de Graco y Rodrigo Gayosso, está obligado a declarar.

El asunto de la huelga, escribí entonces, creo que es el mejor momento para transparentar el manejo financiero de la UAEM y, claro, castigar a quienes de la noche a la mañana se hicieron millonarios, ese grupo de ladrones de cuello blanco, que caminan como quienes nada deben. No hay que buscar culpables, hay que castigar responsables.

Apoyan legisladores federales construcción de
un hospital en el mercado Adolfo López Mateos

Ofrecen Ángel García Yáñez y Alejandro
Mojica gestionar los recursos para el 2019

Aprovechan cercanía de Jorge Argüelles con
AMLO, para favorecer inversión en el ALM

Representantes de agrupaciones que aglutinan a los casi 8 mil comerciantes del mercado “Adolfo López Mateos”, recibieron el compromiso del senador Ángel García Yáñez y del diputado federal Alejandro Mojica Toledo, de apoyar la construcción de un hospital en la parte sur de ese centro de abasto.

De acuerdo al dirigente de la Unión de Comerciantes “Nueva Generación”, Rogelio Juárez Vargas, ya dialogóaron con ambos representantes populares, quienes aclararon que ya no será como en el pasado, cuando los diputados y senadores tramitaban y ejercían el recurso casi de manera discrecional, sin embargo, ofrecieron gestionar los alrededor de 50 millones de pesos, para la construcción del hospital.

Se trata, dijo el representante de los comerciantes, de un hospital en forma, que contará lo mismo con sala de urgencias, quirófano y todo aquello de que dispone un nosocomio.

        En el mismo sentido, recordó que el diputado federal Jorge Argüelles Victorero, ha apoyado en diversas oportunidades a los comerciantes, la más reciente, los festejos de aniversario del “López Mateos”-

        “Con el diputado Argüelles buscamos aprovechar la cercanía y amistad que mantiene con el señor Andrés Manuel López Obrador, a fin de que sea un permanente gestor de acciones que favorezcan al mercado”, añadió Juárez Vargas.

        Explicó que ya se presentó al diputado federal Jorge Argüelles, el proyecto para construir el “Centro de Desarrollo Múltiple del Pequeño Comercio”, para el cual se aprovechará un espacio de que dispone el mercado a un costado del puente “Del Dragón”; “pensamos que ahí se puede instalar una casa de reposo para los adultos mayores, un módulo de sanitarios y una escuela técnica profesional.

TERTULIA POLÍTICA

Auditoría y Fiscalización / Simulación y complicidad

La investigación de la Unidad de Inteligencia Fiscal (UIF) de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tiene que
ver con el arreglo detectado, entre representantes
del actual gobierno y algunos diputados, para encubrir saqueadores
y mantener en sus cargos a José Vicente Loredo y Juan Salazar Núñez, titular de la auditoría
y fiscal anticorrupción, respectivamente

Pedro Martínez Serrano

Hace unos días recibí un respaldo de los discos duros, de los servidores que guardan la información relacionada con las auditorías, observaciones y más mejunjes de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos (ESAF).

En un rápido vistazo, concluí que ese organismo no sirve, no ha servido, ni servirá más que para generar condiciones de impunidad, a quienes han saqueado el estado hasta hartarse, lo mismo presidentes municipales, que titulares de diversas dependencias y descentralizados, todos orquestados por el titular del Ejecutivo, Graco Ramírez.

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización ha permitido el enriquecimiento a funcionarios deshonestos de ese organismo, a diputados, a alcaldes ladrones, junto con sus tesoreros, pero también a toda la estructura del gobierno, junto con operadores de recursos de organismos descentralizados.

La auditoría no es más que un ente burocrático, al igual que la Fiscalía Anticorrupción, cuyos titulares José Vicente Loredo Méndez y Juan Jesús Salazar Núñez, heredados en el cargo por Graco Ramírez y a su servicio, disponen de ejércitos de personal que no cumplen otra misión, que la de cobrar jugosos sueldos, para sangrar al erario y, lo más importante para ellos, convertirse en tapaderas de raterías, con la corrección tramposa observaciones o desvíos y robos millonarios.

La semana anterior, mostré en mis redes sociales copias de cheques y documentos que prueban por un lado, que en el Congreso del Estado, se robó hasta el hartazgo, botón de muestra los más de 2 millones de pesos que se despachó Hortencia Figueroa Peralta, unos cuántos días antes de concluir el cargo y/o el regalo, que se disfrazó de venta de carros propiedad del Poder Legislativo.

En el caso de Cuernavaca, durante las administraciones compartidas de Manuel Martínez Garrigós y Rogelio Sánchez Gatica, se robó con un cinismo exponencial, el ejemplo a la mano, el siguiente apunte, sacado del acta circunstanciada correspondiente:

Atendiendo a la instrucción de la realización de una auditoria especial según Decreto número DOSCIENTOS DIECISIETE, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5051 de fecha 15 de diciembre de 2012, en su ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO y como resultado de la revisión efectuada a la Cuenta Pública correspondiente al perdido de revisión de los ejercicios presupuestales, 2010, 2011 y 2012, así como a la Balanza de Comprobación, específicamente a la cuenta contable 2102-000-000-00000 Proveedores se observó que el Municipio de Cuernavaca a través de la Tesorería Municipal efectuó registros contables que representan un compromiso financiero los cuales no se contemplaron en los proyectos de presupuesto en cada uno de los ejercicios fiscales, o en su caso fueron comprometidos sin aprobación mediante actas de cabildo y sin contar con el recurso financiero para hacer frente a los pagos posteriores, tomando decisiones unilaterales, lo que dio como consecuencia que en algunos casos no existan justificaciones de dichas previsiones o bien en un ejercicio fiscal fueron contabilizados como un egreso efectivamente pagado y que en realidad estos cheques estaban en tránsito y que los beneficiarios los cobrarían en cualquier momento, registros que por su naturaleza e interpretación contable estaban correctos, sin embargo la Tesorería Municipal a finales del siguiente ejercicio al que fueron realizados y contabilizados, cancelaron los cheque sin justificación dando origen a un compromiso financiero transformándolo en un pasivo, y en consecuencia quedan afectados los presupuestos de ejercicios posteriores sin motivar la causa u origen, así mismo se observa que estos movimientos no fueron del conocimiento del Cabildo, también existen registros.

Como la anterior fueron encubiertas, “corregidas” y “liberadas” decenas de irregularidades a lo largo y ancho del Estado, en el trienio para el que fue electo Manuel Martínez Garrigós, como antes y después. En los 33 ayuntamientos hay en suma cientos de millones de pesos robados, sin que en ningún caso se haya aplicado castigo. Todo se arregló en reuniones en cortó, en las que directivos de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, cobraron jugosas comisiones para “liberar del problema a los ladrones”.

        La investigación, según me deslizaron, incluye a quienes menos uno se imagina, contempla lo mismo a los 33 ayuntamientos, a organismos descentralizados, al Ejecutivo del Estado y sus dependencias, al menos durante el sexenio de Graco Ramírez y todos los que tuvieron que ver con el manejo de recursos, incluidas una decena de Delegaciones Federales.

        La intervención de personal de la Unidad de Inteligencia Fiscal (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, en las investigaciones, tiene que ver con el arreglo detectado, entre representantes del actual gobierno y un grupo de diputados, para encubrir a los saqueadores y mantener en sus cargos a José Vicente Loredo Méndez y Juan Jesús Salazar Núñez, titular de la auditoría y fiscal anticorrupción, respectivamente.

        El instrumento de la negociación, para el salvoconducto a los funcionarios heredados por Graco Ramírez, me dicen, fue el silencio, para evitar escándalos que enloden a representantes populares de hoy.

        Por lo anterior, a quienes se va a perseguir y castigar es a saqueadores de medio pelo, que a pesar de que pasaron de clasemedieros a millonarios, nada que ver con el tamaño de los peces más panzones, más gordos; ahí va un primer listado:

Alberto Javier Barona Lavín, Andrik Ruiz de Chávez, Sergio Arturo Beltrán Toto, Sergio Erasto Prado Alemán, Jerónimo Bernal Soliveras, Juan Carlos Peniche Payén, Carlos Arturo Bermudez Pureco, Pedro Román Castañeda, Emmanuel Alexis Ayala Gutiérrez, Jorge Michel Luna, Mayra Alicia Martínez Salgado, Giorgia Rubio Bravo, Victor Manuel Escobar Lagunas, Martha Patricia Bandera Flores, Alejandro Alonso Arriola, Ricardo Olmos Montaño, César Mendoza Tajonar, Emmanuel Casillas Araño, Arístides Torres Velasco, Armando Prida Huerta, Armando y Paul Prida Noriega, Marcelo García Almaguer, Armando, Victor y Gabriel Haddad Giorgi, Julio Espín Navarrete, José Manuel Tablas Pimentel, Silvia Irra Marín, Edwin Brito Brito, Dulce Margarita Medina, Hugo Bobadilla Gutiérrez, Francisco Santillán Arredondo, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Julio César Yañez Moreno, Jaime Álvarez Cisneros y Francisco Alejandro Moreno Merino.

        La investigación que se realiza, de la que son ajenos los responsables de las áreas correspondientes, lo mismo del Ejecutivo, que del Legislativo, va a reportar sorpresas, por los nombres de personas que se sumaron a la negoción de la impunidad o, peor aún, a cambio de dinero, hoy se hacen los disimulados; vociferan, acusan y amenazan, pero en el fondo, no hacen nada.