Rechazan 12
gobernadores figura del “Coordinador
Estatal” y la militarización de la seguridad pública
Estatal” y la militarización de la seguridad pública
22 de noviembre de 2018.
El camino del entendimiento está trazado
en la Constitución, en el federalismo, en la división de poderes,
en el respeto a los derechos y libertades, en el diálogo incluyente y participativo. Cualquier atajo en ese camino sólo conduce a desencuentros que siempre pagan muy caro todos los mexicanos
en la Constitución, en el federalismo, en la división de poderes,
en el respeto a los derechos y libertades, en el diálogo incluyente y participativo. Cualquier atajo en ese camino sólo conduce a desencuentros que siempre pagan muy caro todos los mexicanos
Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente electo de los Estados Unidos
Mexicanos
Presente.
El federalismo es una decisión
constitutiva de la Nación mexicana. Un arreglo institucional que asigna
responsabilidades y deberes para mejor proveer al bienestar de los mexicanos.
Si bien nuestro federalismo enfrenta
problemas y desafíos incuestionables, sobre todo en las materias hacendaria y
de seguridad, debe ser el punto de partida para que el Estado mexicano
construya capacidades suficientes y eficaces para garantizar los derechos de
las personas, prestar servicios públicos con eficiencia, preservar la
gobernabilidad democrática y hacer valer el Estado de Derecho.
La condición esencial de funcionamiento
de un Estado federal es la coordinación, la colaboración y la ayuda subsidiaria
entre los órdenes de gobierno. Desde esa convicción, expresamos nuestra
disposición a construir con el nuevo gobierno instituciones sólidas y políticas
públicas para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, erradicar
la corrupción, mitigar la desigualdad y restaurar la convivencia pacífica en
nuestras comunidades.
Nuestros gobiernos colaborarán, en el
ámbito de su competencia, con las autoridades federales. Pero la colaboración
no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales incluyendo a las
autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar, como es nuestro caso. El país se construye
de abajo hacia arriba, desde el espacio local. Resolver los problemas requiere
conocimiento del territorio, cercanía con la población y atención a las
peculiaridades de cada región. Las prioridades regionales deben definirse de
manera conjunta, considerando las condiciones particulares de cada entidad
federativa. No se imponen desde el centro.
La colaboración en materia de seguridad
debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional, blindarla de componentes
y fines político electorales, para hacerla un campo de neutralidad política que
eleve la mirada por encima de diferencias ideológicas, considerando en ello
factores de responsabilidad legal y representatividad entre autoridades,
eficiencia, secrecía, profesionalismo.
Por ello nos sorprende la intención de
supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados “Coordinadores Estatales” del Gobierno
Federal, y colocar a los Gobernadores y Fiscales de los Estados como meros
invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en
riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al
problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia
efectiva de los gobiernos estatales.
El camino para resolver el gran
pendiente de la seguridad es, por un lado, atender las causas criminógenas del
delito y de la violencia, sobre todo las que facilitan la captura de los
jóvenes y grupos vulnerables por el crimen organizado y, por otro lado,
fortalecer las capacidades civiles de policía, investigación, procuración de
justicia y reinserción social.
En particular, establecer políticas de
largo plazo e invertir recursos en el reclutamiento, profesionalización y
dignificación salarial y gremial para las policías federal y locales, bajo un
diseño institucional que precise los tramos de responsabilidad y los mecanismos
de colaboración, auxilio y sustitución subsidiaria. Asimismo, fortalecer el
Sistema Nacional de Seguridad Pública para que el esfuerzo del Estado mexicano
en esta materia se oriente a objetivos claros, transparentes, medibles y
evaluables. Un sistema que fije con eficacia las obligaciones, procesos y
consecuencias para que cada componente de la Unión haga bien la parte que le
corresponde.
Reconocemos la contribución que las
fuerzas armadas mexicanas realizan todos los días por la seguridad de
los ciudadanos y estamos de acuerdo en la imperiosa necesidad de que
continúen con esa extraordinaria labor de apoyo a la seguridad de la sociedad
mexicana. Pero su presencia responde a una necesidad provocada por la omisión
política de construir capacidades civiles. Las fuerzas armadas deben participar
en auxilio y colaboración de las autoridades competentes en circunstancias
especialmente apremiantes que pongan en riesgo la soberanía e independencia
nacional, la continuidad del orden constitucional, la integridad del pacto
federal, la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos.
La función de las fuerzas armadas no es
la de primeros respondientes, sino el último recurso del Estado para
preservarse. Los primeros respondientes somos quienes fuimos votados por los
ciudadanos para velar por su tranquilidad. No podemos pedir más a las fuerzas
armadas de manera indeterminada, si de la mano no trazamos una ruta de mejora
de las policías civiles federales y, especialmente, estatales y municipales.
Estamos convencidos de que México debe
avanzar hacia una normalidad en la que la seguridad sea una condición generada
desde las responsabilidades jurídicas y políticas. El camino del entendimiento
está trazado en la Constitución, en el federalismo, en la división de poderes,
en el respeto a los derechos y libertades, en el diálogo incluyente y
participativo. Cualquier atajo en ese camino sólo conduce a desencuentros que
siempre pagan muy caro todos los mexicanos.
Reiteramos, sin reserva alguna, nuestro
respeto, reconocimiento y gratitud a nuestras fuerzas armadas, nuestra voluntad
de diálogo y colaboración con el nuevo titular del ejecutivo por el bien de
México, como corresponde a una democracia que aspira a consolidarse con el
esfuerzo de todos.
Atentamente,
C.P. Martín Orozco Sandoval
Gobernador del Estado Libre y Soberano
de Aguascalientes
Lic. Francisco Arturo Vega de Lamadrid
Gobernador del Estado Libre y Soberano
de Baja California
Mtro. Carlos Mendoza Davis
Gobernador del Estado Libre y Soberano
de Baja California Sur
Lic. Javier Corral Jurado
Gobernador del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua
Dr. José Rosas Aispuro Torres
Gobernador del Estado Libre y Soberano
de Durango
Mtro. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador del Estado Libre y Soberano
de Guanajuato
Gobernador del Estado Libre y Soberano
de Nayarit
Dr. José Antonio
Gali Fayad
Gobernador del Estado Libre y Soberano
de Puebla
MVZ. Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado Libre y Soberano
de Querétaro
C.P. Carlos Joaquín González
Gobernador del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo
Lic. Francisco Javier García Cabeza de
Vaca
Gobernador del Estado Libre y Soberano
de Tamaulipas
Lic. Mauricio Vila Dosal
Gobernador
del Estado Libre y Soberano de Yucatán
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