TERTULIA POLÍTICA

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Auditoría y Fiscalización / Simulación y complicidad

La investigación de la Unidad de Inteligencia Fiscal (UIF) de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tiene que
ver con el arreglo detectado, entre representantes
del actual gobierno y algunos diputados, para encubrir saqueadores
y mantener en sus cargos a José Vicente Loredo y Juan Salazar Núñez, titular de la auditoría
y fiscal anticorrupción, respectivamente

Pedro Martínez Serrano

Hace unos días recibí un respaldo de los discos duros, de los servidores que guardan la información relacionada con las auditorías, observaciones y más mejunjes de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos (ESAF).

En un rápido vistazo, concluí que ese organismo no sirve, no ha servido, ni servirá más que para generar condiciones de impunidad, a quienes han saqueado el estado hasta hartarse, lo mismo presidentes municipales, que titulares de diversas dependencias y descentralizados, todos orquestados por el titular del Ejecutivo, Graco Ramírez.

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización ha permitido el enriquecimiento a funcionarios deshonestos de ese organismo, a diputados, a alcaldes ladrones, junto con sus tesoreros, pero también a toda la estructura del gobierno, junto con operadores de recursos de organismos descentralizados.

La auditoría no es más que un ente burocrático, al igual que la Fiscalía Anticorrupción, cuyos titulares José Vicente Loredo Méndez y Juan Jesús Salazar Núñez, heredados en el cargo por Graco Ramírez y a su servicio, disponen de ejércitos de personal que no cumplen otra misión, que la de cobrar jugosos sueldos, para sangrar al erario y, lo más importante para ellos, convertirse en tapaderas de raterías, con la corrección tramposa observaciones o desvíos y robos millonarios.

La semana anterior, mostré en mis redes sociales copias de cheques y documentos que prueban por un lado, que en el Congreso del Estado, se robó hasta el hartazgo, botón de muestra los más de 2 millones de pesos que se despachó Hortencia Figueroa Peralta, unos cuántos días antes de concluir el cargo y/o el regalo, que se disfrazó de venta de carros propiedad del Poder Legislativo.

En el caso de Cuernavaca, durante las administraciones compartidas de Manuel Martínez Garrigós y Rogelio Sánchez Gatica, se robó con un cinismo exponencial, el ejemplo a la mano, el siguiente apunte, sacado del acta circunstanciada correspondiente:

Atendiendo a la instrucción de la realización de una auditoria especial según Decreto número DOSCIENTOS DIECISIETE, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5051 de fecha 15 de diciembre de 2012, en su ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO y como resultado de la revisión efectuada a la Cuenta Pública correspondiente al perdido de revisión de los ejercicios presupuestales, 2010, 2011 y 2012, así como a la Balanza de Comprobación, específicamente a la cuenta contable 2102-000-000-00000 Proveedores se observó que el Municipio de Cuernavaca a través de la Tesorería Municipal efectuó registros contables que representan un compromiso financiero los cuales no se contemplaron en los proyectos de presupuesto en cada uno de los ejercicios fiscales, o en su caso fueron comprometidos sin aprobación mediante actas de cabildo y sin contar con el recurso financiero para hacer frente a los pagos posteriores, tomando decisiones unilaterales, lo que dio como consecuencia que en algunos casos no existan justificaciones de dichas previsiones o bien en un ejercicio fiscal fueron contabilizados como un egreso efectivamente pagado y que en realidad estos cheques estaban en tránsito y que los beneficiarios los cobrarían en cualquier momento, registros que por su naturaleza e interpretación contable estaban correctos, sin embargo la Tesorería Municipal a finales del siguiente ejercicio al que fueron realizados y contabilizados, cancelaron los cheque sin justificación dando origen a un compromiso financiero transformándolo en un pasivo, y en consecuencia quedan afectados los presupuestos de ejercicios posteriores sin motivar la causa u origen, así mismo se observa que estos movimientos no fueron del conocimiento del Cabildo, también existen registros.

Como la anterior fueron encubiertas, “corregidas” y “liberadas” decenas de irregularidades a lo largo y ancho del Estado, en el trienio para el que fue electo Manuel Martínez Garrigós, como antes y después. En los 33 ayuntamientos hay en suma cientos de millones de pesos robados, sin que en ningún caso se haya aplicado castigo. Todo se arregló en reuniones en cortó, en las que directivos de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, cobraron jugosas comisiones para “liberar del problema a los ladrones”.

        La investigación, según me deslizaron, incluye a quienes menos uno se imagina, contempla lo mismo a los 33 ayuntamientos, a organismos descentralizados, al Ejecutivo del Estado y sus dependencias, al menos durante el sexenio de Graco Ramírez y todos los que tuvieron que ver con el manejo de recursos, incluidas una decena de Delegaciones Federales.

        La intervención de personal de la Unidad de Inteligencia Fiscal (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, en las investigaciones, tiene que ver con el arreglo detectado, entre representantes del actual gobierno y un grupo de diputados, para encubrir a los saqueadores y mantener en sus cargos a José Vicente Loredo Méndez y Juan Jesús Salazar Núñez, titular de la auditoría y fiscal anticorrupción, respectivamente.

        El instrumento de la negociación, para el salvoconducto a los funcionarios heredados por Graco Ramírez, me dicen, fue el silencio, para evitar escándalos que enloden a representantes populares de hoy.

        Por lo anterior, a quienes se va a perseguir y castigar es a saqueadores de medio pelo, que a pesar de que pasaron de clasemedieros a millonarios, nada que ver con el tamaño de los peces más panzones, más gordos; ahí va un primer listado:

Alberto Javier Barona Lavín, Andrik Ruiz de Chávez, Sergio Arturo Beltrán Toto, Sergio Erasto Prado Alemán, Jerónimo Bernal Soliveras, Juan Carlos Peniche Payén, Carlos Arturo Bermudez Pureco, Pedro Román Castañeda, Emmanuel Alexis Ayala Gutiérrez, Jorge Michel Luna, Mayra Alicia Martínez Salgado, Giorgia Rubio Bravo, Victor Manuel Escobar Lagunas, Martha Patricia Bandera Flores, Alejandro Alonso Arriola, Ricardo Olmos Montaño, César Mendoza Tajonar, Emmanuel Casillas Araño, Arístides Torres Velasco, Armando Prida Huerta, Armando y Paul Prida Noriega, Marcelo García Almaguer, Armando, Victor y Gabriel Haddad Giorgi, Julio Espín Navarrete, José Manuel Tablas Pimentel, Silvia Irra Marín, Edwin Brito Brito, Dulce Margarita Medina, Hugo Bobadilla Gutiérrez, Francisco Santillán Arredondo, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Julio César Yañez Moreno, Jaime Álvarez Cisneros y Francisco Alejandro Moreno Merino.

        La investigación que se realiza, de la que son ajenos los responsables de las áreas correspondientes, lo mismo del Ejecutivo, que del Legislativo, va a reportar sorpresas, por los nombres de personas que se sumaron a la negoción de la impunidad o, peor aún, a cambio de dinero, hoy se hacen los disimulados; vociferan, acusan y amenazan, pero en el fondo, no hacen nada.