Desde la Fe / Editorial
Semanario Católico de Información y Formación
Morelos, corrupción y decadencia
Domingo, 06 de agosto de 2017.- La
reciente Marcha por Morelos,
alentada por diversos líderes sociales, no es la primera en la historia
reciente del Estado en demandar lo que es urgente: justicia y seguridad. Desde
el año pasado, los reclamos habían llegado a la mesa de la Secretaría de Gobernación para dar cauce al clamor de la población
que ha visto cómo las graves vulneraciones a los derechos individuales van de
la mano de la impunidad y la corrupción de un sistema que está diezmando a la
entidad, ahora en riesgo por dejar sin paz a sus miles de habitantes.
Las demandas de esta Marcha por Morelos tuvieron, además, el
respaldo inédito de la Iglesia de Cuernavaca. Mons. Ramón Castro Castro, en rueda de prensa, anunció su apoyo por ser
una obligación pastoral, por llevar la voz de los que no tienen voz, pero también
por sufrir persecución de las autoridades, quienes lo acusan de inverosímiles
apropiaciones indebidas de recursos y de solapar actuaciones políticas que le
han provocado incluso amonestaciones de la Secretaría de Gobernación. Así,
Mons. Castro caminó hasta los
límites del Estado como un ciudadano y pastor, pues tiene de primera mano, a
través de sus visitas pastorales, el pulso exacto de un Estado moribundo.
Morelos vio cómo las esperanzas
de la alternancia se vinieron abajo como castillo de naipes o fortaleza
construida en el aire; poco a poco, por las oquedades del régimen perredista,
se minó la franca corrupción, que pone en tela de juicio los supuestos logros
ante la realidad de una sociedad apabullada por la propaganda oficial sobre la
reducción de la delincuencia; sin embargo, la realidad es otra.
Según el Semáforo delictivo,
herramienta que monitorea la incidencia delictiva en México, el estado de
Morelos sigue repuntando en homicidios;
en junio pasado superó en 31% la media nacional en la comisión de este delito.
Pese a las cortinas de humo de las autoridades por aparentar que en Morelos
está el paraíso, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de
Seguridad Pública 2016 (ENVIPE) señaló que de cada diez delitos, sólo uno se
denuncia. En la “Ciudad de la Eterna
Balacera”, Cuernavaca, los encargados de la seguridad denuncian por lo
menos 49 colonias de alta peligrosidad, donde se cometen robos violentos,
agresiones sexuales y homicidios, y la ciudadanía no denuncia por desconfianza
y frustración.
A esto se suma el incumplimiento
en las promesas de campaña del “candidato
de la gente”. Al asumir el cargo, el gobernador sostuvo la firme promesa de
impulsar la revisión del gobierno y la revocación del mandato; sin embargo, a
pesar de las manifestaciones y protestas, el mandatario se pega a la silla cual
lucrativo trampolín para sus más altas pretensiones políticas. Y qué decir del
empleo y la pobreza. La administración 2012-2018 juró y perjuró crear miles de
plazas de trabajo y, por el contrario, de acuerdo con las cifras de la
Secretaría del Trabajo, en 2016, cuatro de cada diez habitantes no tienen
empleo. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
reveló que, en 2016, 52.3 por ciento de la población de la entidad vivía en la
pobreza. No puede dejarse de lado el uso de chicanadas y tropelías de las
cuales se echó mano para aprobar iniciativas contrarias a la dignidad de la
familia, obviamente, con aprobación del gobierno estatal.
Cuando el actual gobierno morelense
inició su ejercicio en 2012 jamás imaginaría la comisión de un acto que
serviría de perfecta alegoría y vaticinio del actual desastre: en diciembre de
ese año, la colosal estatua de bronce del Generalísimo que servía para señalar
los límites entre dos Estados fue vandalizada y robada. Hoy ese espacio está
olvidado y decadente. El insurgente jamás regresó como había prometido el
gobernador. En eso se ha convertido el Estado libre y soberano de Morelos.
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