jueves, 7 de abril de 2016

TERTULIA POLÍTICA

El colapso que viene

Pedro Martínez Serrano
Álvaro Agüero / Roberto Yáñez / Jorge Olivares
La voracidad, la improvisación y el gusto por el dinero fácil que impera en los 33 ayuntamientos, pero además los millonarios pasivos que arrastran, consecuencia de administraciones corruptas y laudos a cubrir, mantienen a todos los municipios al borde del colapso, condición que se les ayudará a alcanzar, luego de que el Congreso del Estado aprobó el decreto que les autoriza a gestionar y contratar créditos para financiar obras y acciones exclusivamente en beneficio de población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.
Y aunque el asunto, puede ser visto como una acción bien intencionada de parte de los integrantes del Congreso del Estado, en especial de los de la Comisión de Hacienda (a excepción del diputado panista Alberto Mojica, acusado de extorsionar alcaldes para autorizarles créditos), el asunto enciende focos rojos en los 33 ayuntamientos, porque en cada uno de ellos, se dispone de personal especializado en darle la vuelta a las cosas, para distraer dinero y engordar cuentas bancarias de presidentes municipales y regidores.
El asunto parece una decisión acertada, pero cobra mayor preocupación, porque el iniciador fue nada menos que el gobernador Graco Ramírez en quien muy pocos morelenses confían; de ahí que en automático, hay que pensar que hay una doble intención que, desde luego, los presidentes municipales celebran, porque siempre que hay dinero, algo les queda; siempre hay trampas de las que se benefician alcaldes, regidores y tesoreros corruptos, de esos que hay en los 33 ayuntamientos.
Lo delicado del asunto, son los montos máximos autorizados para la contratación de créditos que, en los casos concretos de Cuernavaca y Jiutepec, son de casi 25 y 15 millones de pesos, respectivamente. En ambos municipios, esos recursos van a beneficiar a la burocracia dorada. En Cuernavaca, naturalmente a los hermanos Julio y Roberto Yáñez Moreno, así como al vicepresidente municipal, el español José Manuel Sanz Rivera y, si algo queda, al alcalde Cuau sin miedo, ese que dice que es bien honesto; yo no soy ratero; yo no le tengo miedo a nadie, contesta en automático al saludo de empresarios y periodistas.
Ese dinero que se les permitirá acercar a los ayuntamientos, es lumbre que les quemará las manos, porque su aplicación estará sujeta a la conveniencia de rateros y malvivientes incrustados en las nóminas municipales, como los mencionados el párrafo anterior.
En Jiutepec, no puede haber equivocación, aprovechando ese manto protector del que dispone el alcalde José Manuel Agüero Tovar, va a aplicar el recurso en lo que mejor le plazca y convenga a su padre, el también ex presidente municipal Álvaro Agüero que, tras bambalinas, es el que pilotea el ayuntamiento.
De momento, además de la asignación de obras menores, Manolito se asoció con el presunto criminal Daniel Miranda Mojica, con quien hace un negocio millonario con el sistema de recolección, traslado y destino final de la basura, lo que les reporta unos millones de pesos a cada uno, en especial al Torcido Miranda, que incluye en los servicios que factura a Jiutepec, muchos de los que presta en Cuernavaca.
Y aunque la intención es plausible, es muy peligroso permitir a alcaldes ladrones contratar créditos, porque de que les van a pellizcar, les van a pellizcar, ya ven lo que ocurrió en Cuernavaca, cuando Rogelio Sánchez Gatica y Jorge Arturo Olivares Brito agarraron la tesorería municipal, como si se tratara de un bien personal que no les alcanzó, por eso contrataron un crédito que se dice que se robaron ambos pájaros de cuenta.

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