TERTULIA POLÍTICA
El colapso que viene
Pedro Martínez Serrano
Álvaro Agüero / Roberto Yáñez / Jorge Olivares |
La voracidad, la improvisación y el
gusto por el dinero fácil que impera en los 33 ayuntamientos, pero además los
millonarios pasivos que arrastran, consecuencia de administraciones corruptas y
laudos a cubrir, mantienen a todos los municipios al borde del colapso, condición
que se les ayudará a alcanzar, luego de que el Congreso del Estado aprobó el
decreto que les autoriza a gestionar y contratar créditos para financiar obras y acciones exclusivamente en
beneficio de población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto
nivel de rezago social.
Y aunque el asunto, puede ser
visto como una acción bien intencionada de parte de los integrantes del Congreso
del Estado, en especial de los de la Comisión de Hacienda (a excepción del
diputado panista Alberto Mojica, acusado
de extorsionar alcaldes para autorizarles créditos), el asunto enciende focos rojos en los 33 ayuntamientos,
porque en cada uno de ellos, se dispone de personal especializado en darle la
vuelta a las cosas, para distraer dinero y engordar cuentas bancarias de
presidentes municipales y regidores.
El asunto parece una decisión
acertada, pero cobra mayor preocupación, porque el iniciador fue nada menos que
el gobernador Graco Ramírez en quien
muy pocos morelenses confían; de ahí que en automático, hay que pensar que hay
una doble intención que, desde luego, los presidentes municipales celebran,
porque siempre que hay dinero, algo les queda; siempre hay trampas de las que
se benefician alcaldes, regidores y tesoreros corruptos, de esos que hay en los
33 ayuntamientos.
Lo delicado del asunto, son los
montos máximos autorizados para la contratación de créditos que, en los casos
concretos de Cuernavaca y Jiutepec, son de casi 25 y 15 millones de pesos,
respectivamente. En ambos municipios, esos recursos van a beneficiar a la burocracia
dorada. En Cuernavaca, naturalmente a los hermanos Julio y Roberto Yáñez Moreno,
así como al vicepresidente municipal, el español José Manuel Sanz Rivera y, si algo queda, al alcalde Cuau
sin miedo, ese que dice que es bien honesto; yo no soy ratero; yo no le tengo miedo a
nadie, contesta en automático al saludo de empresarios y periodistas.
Ese dinero que se les permitirá
acercar a los ayuntamientos, es lumbre
que les quemará las manos, porque su aplicación estará sujeta a la
conveniencia de rateros y malvivientes
incrustados en las nóminas municipales, como los mencionados el párrafo
anterior.
En Jiutepec, no puede haber equivocación,
aprovechando ese manto protector del que dispone el alcalde José Manuel Agüero Tovar, va a aplicar
el recurso en lo que mejor le plazca y convenga a su padre, el también ex
presidente municipal Álvaro Agüero que, tras bambalinas, es el que pilotea el ayuntamiento.
De momento, además de la
asignación de obras menores, Manolito
se asoció con el presunto criminal Daniel
Miranda Mojica, con quien hace un negocio millonario con el sistema de
recolección, traslado y destino final de la basura, lo que les reporta unos millones
de pesos a cada uno, en especial al Torcido Miranda, que incluye en los
servicios que factura a Jiutepec, muchos de los que presta en Cuernavaca.
Y aunque la intención es
plausible, es muy peligroso permitir a alcaldes ladrones contratar créditos,
porque de que les van a pellizcar, les van a pellizcar, ya ven lo que ocurrió
en Cuernavaca, cuando Rogelio Sánchez
Gatica y Jorge Arturo Olivares Brito
agarraron la tesorería municipal, como si se tratara de un bien personal
que no les alcanzó, por eso contrataron un crédito que se dice que se robaron
ambos pájaros de cuenta.
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