TERTULIA POLÍTICA
Juicio político
Pedro Martínez Serrano
Desde que iniciaron las
movilizaciones en demanda de sacar a Graco
Ramírez de la titularidad del poder ejecutivo, he estado de acuerdo en cada
una de las acciones emprendidas por la Coordinadora Morelense de Movimientos
Ciudadanos (CMMC), que encabezan mis amigos Gerardo Becerra, Eduardo Maigre y la abogada Ruth Arias; yo mismo he
señalado hasta el cansancio, que el tabasqueño es el gobernador más corrupto, más
inepto y más represor que ha tenido nuestra entidad, como también estoy
seguro que en algún momento será encarcelado;
por fuerza tendrá que pagar el daño que ha hecho a los morelenses.
Sin embargo, la decisión de todos
los diputados de desechar el juicio político, es un asunto que estaba cantado;
desde hace meses advertí, que el tema no se resolvería al interior del Congreso
del Estado, porque su negociación se dio al más alto nivel de las cúpulas
partidistas, allá en la Ciudad de México, a cuyas dirigencias atienden todas y
cada una de las fracciones partidistas acreditadas ante la LIII legislatura.
Lo que llama mi atención es la
posición incendiaria que han asumido algunos actores políticos o empleados de
los mismos, colocados de ambos lados del tema; aquellos que pagados y por
pagados serviles, que ofenden en ambas direcciones, los que festinan y escupen
basura en agravio de los representantes de la Coordinadora Morelense de
Movimientos Ciudadanos (CMMC). Pero también del lado de los ciudadanos, hay
quienes se empeñan en polarizar y atiborrar de agravios a quienes no hicieron más
que su trabajo. Lo que ha sobrado son las mentadas de madre.
En mi opinión la decisión de
desechar el juicio político, fue tomada de manera colectiva, por todos,
absolutamente todos los diputados integrantes de la actual legislatura, representados
en la Junta Política y de Gobierno aunque, a quien correspondió dar la cara y
justificar la decisión, fue al diputado presidente de la mesa directiva, Alejandro Moreno Merino.
El legislador morelense dio la
cara y enfrentó los cuestionamientos, muchos de ellos con afanes de linchamiento,
de parte lo mismo de comunicadores enardecidos, que de ciudadanos decepcionados
porque las cosas no resultaron como esperaban
Sin embargo mesurado y claro,
como es el estilo del diputado Moreno
Merino, que sale a medios únicamente cuando es estrictamente necesario, aclaró que la decisión fue resultado
de un análisis jurídico de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), de la que por cierto, es catedrático, así como del reporte de una
auditoría especial, aplicada por la Entidad Superior de Auditoría y
Fiscalización (ESAF).
Y claro como es y se conduce, el
diputado Moreno Merino explicó que la
resolución se da apegada a derecho, en virtud que la solicitud debió ser
presentada en la ventanilla del
Legislativo Federal y no en el Congreso local, por lo que, en lo que
compete a los Diputados de la LIII Legislatura, no hay elementos jurídicos para
proceder.
Hay que anotar que al interior de
la Junta Política y de Gobierno, participan los representantes de los 11
partidos que integran la LIII Legislatura, y fueron los 11 los que decidieron el
no al juicio político contra el corrupto tabasqueño que desgobierna Morelos.
Así, en su oportunidad el
coordinador del grupo parlamentario del PRI, Alberto Martínez González, aseguró que las pruebas presentadas por
los demandantes, se valoraron con apego al derecho, y en conjunto se decidió el
no procede. A su vez, el coordinador del PAN en el Congreso, Carlos Alaniz Romero, señaló que la
fracción que él representa no estaba de
acuerdo en desechar el juicio político, pero aceptó la decisión que tomó la Junta
Política y de Gobierno.
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