TERTULIA POLÍTICA

No comparto la forma de hacer política del diputado federal Javier Bolaños Aguilar, del Partido Acción Nacional, sin embargo, creo justo reconocer que ésta, su entrega en El Universal, dibuja la lastimosa situación que enfrentan los afectados por el sismo del 19 de septiembre, pero también deja ver la voracidad, la rapiña con que se conduce el gobernador Graco Ramírez y quienes se encargan del saqueo de los recursos destinados a la reconstrucción de las extensas zonas dañadas por los temblores. Aquí la entrega del señor Bolaños, que me parece muy buena, tanto que decidí compartirla:

La gran estafa

(…) en Morelos; las familias víctimas del 19-S, en poco tiempo van
a cumplir seis meses de vivir en la calle… El gobierno federal como
el de Morelos, se conducen con total opacidad, no existe
un padrón público de damnificados, no se puede saber a
qué persona se le ha otorgado algún beneficio económico
o material, ni cuándo, ni qué montos. En el desastre del 19-S
las autoridades proceden en contra de la ley y del principio básico
de máxima publicidad de sus actos

El Universal / Javier Bolaños

Vicepresidente de la Cámara de Diputados

Ocean’s Eleven o La Gran Estafa es una película de 2001 protagonizada por George Clooney, Brad Pitt y Matt Damon, quienes urden una trama sofisticada para esquilmar recursos de otros, algo parecido a lo que aquí conocimos como la “estafa maestra” que en los roles importantes incluye a funcionarios de la Sedesol y rectores de universidades públicas. No se ha cerrado el capítulo final de esta historia, cuando ya asoma otra.

Según el diccionario, esta palabra es sinónimo de defraudar, es decir, se comete cuando alguien engaña, abusa de la confianza o lucra indebidamente. A mi juicio, las víctimas del sismo del 19 de septiembre han sido estafadas, porque se les prometió apoyos que, hasta la fecha, ni por asomo se han cumplido.

Eso ocurre al menos en Morelos; las familias víctimas del 19-S, en poco tiempo van a cumplir seis meses de vivir en la calle, o en carpas donadas por particulares, y cuando bien les va, la pasan hacinados en un mismo techo con otras familias.

A todos, el gobierno federal les prometió, previa certificación de un censo, otorgarles el carácter oficial de damnificados mediante la asignación de un número de folio. Todos pensaron que tenerlo era como pasar del infierno a la gloria, pues de forma pública les entregaron dos tarjetas bancarias, la primera cargada con 30 mil pesos para mano de obra, y la segunda con 90 mil para compra de materiales.

Conseguir el status de damnificado no fue tarea fácil, fueron semanas de espera con el montón de escombros y de recuerdos al lado, luego lidiar con los verificadores y finalmente la ceremonia oficial, para darle el lucimiento a los funcionarios que entregaron las tarjetas.

Pero no pasó mucho tiempo para darse cuenta de que habían sido estafados, los damnificados de Morelos, en su mayoría solo han recibido un depósito por 15 mil pesos; después todo ha sido excusas, repartición de culpas en los tres órdenes de gobierno. En Bansefi, la institución bancaria designada como pagadora, lo único que informan es que los plásticos están congelados y que no hay saldo que cobrar. Así han transcurrido casi 6 meses desde el sismo.

En la Cámara de Diputados aprobamos al gobierno federal un presupuesto por 2 mil 500 millones de pesos para el Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas. ¿Qué pasó con ese recurso? ¿Por qué no se utiliza o dónde se invirtió? ¿Por qué cientos de familias siguen en la calle? ¿Por qué los hospitales siguen paralizados? ¿Por qué los niños siguen tomando las clases a la intemperie? Son preguntas que están en el animo de la gente y que el Congreso debe retomar para ejercer su atribución de supervisión del gasto público.

En Morelos, el gobernador le lanzó un reto al gobierno federal desde los primeros días del sismo. En paralelo al Fondo Nacional de Desastres (Fonden), ordenó la creación del Fideicomiso Fondo Unidos Por Morelos, para que —palabras más menos del Ejecutivo estatal— donde el gobierno de la República no quiera o no pueda, el local entre en apoyo a la gente.

Los afectados tuvieron que repetir el mismo show. Hicieron otro censo, formaron largas filas y al final los beneficiarios recibieron una tarjeta que simula ser bancaria, pero es un plástico que no se puede cobrar en ninguna parte, y que hasta a la fecha no ha entregado ni un centavo, ni un saco de cemento.

El gobierno federal como el de Morelos se conducen con total opacidad, no existe un padrón público de damnificados, no se puede saber a qué persona se le ha otorgado algún beneficio económico o material, ni cuándo, ni qué montos. En el desastre del 19-S las autoridades proceden en contra de la ley y del principio básico de máxima publicidad de sus actos.