El gobierno de Morelos adjudica
en forma directa
601 contratos, cuyo costo global asciende a 3 mil millones
de pesos. Cinco concentran el 51.2 por ciento del total;
entre éstos, el de la construcción
del estadio “Coruco” Díaz, por 486 millones
601 contratos, cuyo costo global asciende a 3 mil millones
de pesos. Cinco concentran el 51.2 por ciento del total;
entre éstos, el de la construcción
del estadio “Coruco” Díaz, por 486 millones
Nancy Flores / @Nancy_Contra / Mayo 17- 2016
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/05/17/sin-licitacion-morelos-adjudica-contratos-por-3-mil-millones/
La Secretaría de Obras del
gobierno de Morelos adjudicó, sin licitación de por medio, 601 contratos por
más de 3 mil 50 millones de pesos entre 2013 y 2015. De ésos, cinco acapararon
el 51.2 por ciento del multimillonario monto total, es decir 1 mil 564 millones
550 mil pesos.
De acuerdo con datos oficiales de
la dependencia, en el primer año de gobierno del perredista Graco Ramírez –2013– se asignaron 213
contratos directos, por 1 mil 664 millones 436 mil 713 pesos; en 2014, 247, por
908 millones 173 mil 787; y en 2015, 141, por 477 millones 647 mil 305 pesos.
El total, que supera los 3 mil
millones, significa 36.6 veces el presupuesto 2016 que le fue asignado al municipio
de Tetela del Volcán (cuyos recursos para este año apenas alcanzan los 83
millones 334 mil 630 pesos), considerado el más pobre en el estado de Morelos.
En entrevista, Gerardo Becerra Chávez Hita, vocero de
la Coordinadora Morelense de Movimientos
Ciudadanos, señala que la gran
mayoría de las empresas a las que se les asigna directamente son las empresas
consentidas del gobernador.
Agrega: Todo lo que tiene que ver con las obras públicas, el 99 por ciento, te
lo digo con mucha responsabilidad, son asignadas directamente.
El más costoso de los contratos
directos asignado por la Secretaría de Obras de Morelos es el de la
construcción del C-5 (Centro de
Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo) en la localidad
de Palo Escrito, municipio de Emiliano Zapata, por 588 millones 401 mil 692
pesos.
Firmado el 4 de octubre de 2013,
dicho contrato directo benefició a la sociedad formada por Sixsigma Networks México e Itrio Arquitectos. Esta última empresa
es una de las consentidas del gobierno de Graco
Ramírez.
Y es que para Itrio Arquitectos, el gobierno de
Morelos ha sido una mina de oro: con esta compañía también se pactó la tercera
de las cinco contrataciones más caras. Se trata de la obra complementaria al
C5: Proyecto de Infraestructura en Seguridad-Instalación y Puesta en
Funcionamiento de ese centro de control. Este contrato se firmó el 11 de
noviembre de 2014 y tuvo un costo para el erario de 296 millones 513 mil 877
pesos.
Los dos contratos que
favorecieron a Itrio suman 884
millones 915 mil 569 pesos, que representan el 29 por ciento del valor total de
las 601 contrataciones sin licitar.
Itrio Arquitectos está vinculada al diputado federal por el partido
Encuentro Social, Alejandro González
Murillo, quien además de ser sobrino del exprocurador Jesús Murillo Karam es director general de la empresa, consta en su
ficha curricular.
El Estadio Coruco
El contrato para la construcción
del estadio de futbol Agustín Coruco Díaz, en Zacatepec, es el
segundo más oneroso que la Secretaría de Obras adjudicó sin licitar entre 2013
y 2015. Éste comprometió recursos públicos por 486 millones 801 mil 803 pesos,
consta en los archivos de la propia dependencia.
De acuerdo con la versión pública
del contrato SOP-SSES-DGN-A-D-080/2013, éste se asignó en forma directa a las
empresas AYPP Constructores en
asociación con Grupo Constructor SEPSA,
porque éstas cuentan con una patente con número de invención 190644. En la
página de internet de SEPSA se lee que dicha patente tiene que ver con la
conexión entre trabes y columnas que esa compañía prefabrica para las
edificaciones.
Para el vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos
Ciudadanos, esto es sólo un pretexto para beneficiar a ambas empresas. El
activista critica que la decisión de asignar directamente el contrato sea una
patente, pues –indica– grandes empresas, como ICA y Carso, no cuentan con ella pero son altamente capaces de
construir un estadio.
Desde septiembre de 2014, la
construcción de este estadio ha sido motivo de escándalo en Morelos, por presuntamente
beneficiar a parientes del gobernador. Ello, sin embargo, no se ha podido
probar.
No obstante, el caso ya llegó al
Congreso local. Por la supuesta distracción de recursos de un crédito
productivo a la construcción del estadio de futbol Coruco, en enero pasado
la Coordinadora Morelense de Movimientos
Ciudadanos presentó una solicitud de juicio político en el Legislativo
estatal y una denuncia ante la Procuraduría General de la República, ambas en
contra del gobernador Graco Ramírez.
Sobre este tema, Gerardo Becerra Chávez Hita comenta: No existe aparentemente la voluntad de
iniciarle el juicio político al gobernador del estado. Nosotros estamos
fincando más nuestras esperanzas en que sea la propia Procuraduría General de
la República la que finalmente, después de agotar todas las pruebas que
nosotros le hemos venido entregando, se dé a la tarea de consignar la
averiguación ante un juez federal.
Agrega que hay una ley, que es la ley de deuda pública, que te obliga claramente a
aplicar el crédito en actividades productivas y que no pagues gasto corriente.
Entonces el gobernador está en un verdadero problema, está en un problema muy
grave porque no tiene manera de salirse: el gobernador utilizó el dinero para
otro fin [la construcción del estadio de futbol y además utilizó el dinero para pagar deudas anteriores a su sexenio…”.
Para la empresa AYPP, el contrato directo para la
construcción del estadio de futbol no es el único. El 14 de noviembre de 2013
fue favorecida con una segunda adjudicación directa, para los trabajos
complementarios para la construcción de obra exterior para la torre de
laboratorio de física, biología y química de la Universidad Autónoma de
Morelos, ubicada en el municipio de Cuernavaca, por 498 mil 868 pesos.
Onerosas adjudicaciones directas
La cuarta adjudicación directa
más onerosa es la relativa a la construcción del cuartel para la policía
acreditable en Alpuyeca, municipio de Xochitepec, por 108 millones 708 mil 412
pesos. Ésta benefició a Desarrolladora M,
en marzo de 2013.
Dicha empresa –que es propiedad
de los hermanos Joaquín y Ricardo
Martínez del Campo– también figura como una de las favoritas del gobierno
de Graco Ramírez: además de este
contrato, la Secretaría de Obras le asignó en forma directa otros tres.
El primero de ellos se firmó el 8
de marzo de 2013 para la construcción del cuartel para la policía en Tres
Marías, Huitzilac, con un costo de 29 millones 374 mil pesos.
El segundo, para la construcción
del cuartel en Tepalcingo, adjudicado el 22 de noviembre de ese mismo año, por
53 millones 250 mil pesos. Y el tercero, también asignado ese día, para la
construcción del cuartel en Totolapan, por 40 millones 435 mil 686 pesos.
Los cuatro contratos directos con
los que el gobierno perredista de Morelos favoreció a Desarrolladora M sumaron 231 millones 768 mil pesos. Esta cifra
representa el 7.5 por ciento de los 3 mil 50 millones de pesos destinados a los
601 contratos directos.
La quinta adjudicación más
costosa fue para Construcciones
Betancourt. A ésta se le encargó edificar la Fiscalía General del Estado de
Morelos, Dirección General de Servicios Periciales Primera Etapa, en Temixco.
El costo de la obra se tasó en 84 millones 125 mil 104 pesos.
En todos los casos, la Secretaría
de Obras argumentó que los criterios para adjudicar las construcciones fueron
los de economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez, que aseguran las mejores condiciones para el estado,
aceptándose como técnicas y económicamente solventes.
No obstante, el Reglamento de la
Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Poder Ejecutivo de Morelos establece que para adjudicar en forma
directa un contrato se tienen que definir, previo al inicio del procedimiento
de contratación, las justificaciones de que no existen sustitutos razonables o
alternativos de los bienes y servicios requeridos.
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