TERTULIA POLÍTICA
No se cómo sea, pero no es como
tú dices / No quiero, no
quiero, pero echamelas
en el sombrero / Dichos populares
Morebus
Pedro Martínez Serrano
Desde que asumió el
gobierno Graco Ramírez, he estado en
desacuerdo con las políticas públicas,
aplicadas por él en contra del sentir y los intereses ciudadanos, pero también,
porque el sujeto resultó un mentiroso, mitómano, difamador y ladrón, sin
embargo, coincido NO con él, pero si con la realidad económica que vive todo el
país, en cuanto a la necesidad de reformar la ley del servicio civil que, en la
condición en que se encuentra, anuncia el colapso económico por tantísima
trampa burocrática que hay para jubilar y pensionar a vivales que, sin
merecerlo, se dedican años, décadas a sangrar el erario.
Un segundo tema en el
que estoy de acuerdo, es en la urgencia de modernizar
el transporte público de pasajeros que, en el terreno de los hechos, es deficiente, peligroso, caro, mugroso y
agresivo, profundamente agresivo con la ciudadanía, lo mismo con los
transeúntes, que con los conductores, sean particulares o del servicio público.
Los improvisados choferes de las llamadas rutas, igual que de taxis, pasan
encima, literalmente encima de quien sea, con tal de ganar el pasaje, al
usuario.
Los conductores de
las rutas del transporte público, cuando menos 99.9 de cada 100, son barbajanes,
vulgares, mugrosos y don juanescos, es decir
irrespetuosos con las mujeres, pero también majaderos y ofensivos con las
personas mayores.
El colmo: me ha
tocado ser testigo de accidentes en los que, los ruteros han asesinado
en forma accidental a
transeúntes; también cuando han impactado por choque a algún particular y,
lejos de la disculpa o la justificación, altaneros, irreverentes y bravucones,
agreden a las víctimas. Su respuesta recurrente, es ´orita viene mi seguro; hay te arreglas con él.
Tal no es lo más
grave; lo delicado del asunto es que lo mismo taxis, que rutas circulan en
condiciones de alarmante inseguridad; en vehículos que son verdaderos
vejestorios; decían en los encabezados de los viejos periódicos: ataúdes
rodantes que, en muchas, muchísimas ocasiones, no disponen ni seguro de
daños y mucho menos licencia el conductor.
Más:
Cuando Lauro Ortega Martínez (el muy querido y,
por mucho, mejor gobernador que ha
tenido Morelos) decidió entregar los permisos de las ahora llamadas rutas,
lo hizo para equilibrar y socializar
los beneficios del transporte público, como para terminar con lo que entonces
se llamaba el pulpo camionero; un grupillo de transportistas tramposos que
se habían adueñado de cientos de concesiones.
Hoy pasa lo mismo.
Cuando mucho, unos 50 personajes muy conocidos en sus regiones, se han apropiado
de manera abusiva de los permisos de transporte público de pasajeros que operan
en Morelos; las diferentes rutas y los servicios colectivos, responden a
intereses de unos pocos, para los que trabajan muchos que ayer fueron permisionarios
y una urgencia o algún vicio, los llevó a vender sus concesiones a quienes
ahora las controlan.
Con ese antecedente,
muy a toro pasado, sin entrar a detalles, de los que también
dispongo, creo que la decisión empujada
en el Congreso del Estado, de modernizar
el transporte, es la correcta,
es la que beneficiará a miles, posiblemente cientos de miles de usuarios y,
afectará, según ellos, a los hoy concesionarios y trabajadores del transporte.
He visto pataleos y acusaciones de parte de los
transportistas, pero no han mostrado argumentos sólidos y soportados en la
realidad, para oponerse a lo que se denomina el Morebus, cuyo aval dieron los diputados al Congreso del Estado,
según me confiaron, en respuesta a la necesidad de ordenar, eficientar y modernizar
la movilidad urbana en nuestra entidad.
Es proveer información y contribuir al diseño de
políticas públicas de movilidad urbana sustentable, para que los hacedores de
política reconozcan y atiendan la complejidad de los retos de la urbanización,
en un contexto de derechos humanos y oportunidades de desarrollo para toda la
población; así como aportar elementos para el debate y la discusión sobre el
tema, destacándose algunos resultados, estos son:
1.- Deficiencia
y baja calidad del transporte público, lo que inhibe su posicionamiento como
una alternativa para la movilidad; es la flota con menor crecimiento,
innovación tecnológica y sistemas de administración y operación.
2.- En cuanto a la administración del servicio de
transporte público en los municipios, las
autoridades estatales otorgan concesiones individuales (a personas que pueden
ser dueñas de varias unidades, esquema conocido como hombre-camión) que se
organizan en torno a la ganancia diaria del dueño (cuenta) o sueldo del
conductor. Este sistema se caracteriza por una competencia feroz por el pasaje,
inseguridad, sobrecupo, nula interconectividad, paradas discrecionales y
repentinas para el ascenso y descenso de pasaje, invasión de rutas, bajas
velocidades, conductores improvisados e invasión y deterioro del espacio
público.
3.- En México, las iniciativas para mejorar la cada vez
más comprometida movilidad urbana, empezaron en las grandes metrópolis y
ciudades, tomando como referencia los modelos impulsados a nivel internacional,
basados en una movilidad urbana sustentable que integra los sistemas de
transporte público urbano masivo, con el desarrollo urbano y las políticas de
infraestructura vial.
4.- Una ciudad con un
transporte público integral aumenta su competitividad económica al
interconectar todos los elementos generadores de valor y al denotar una imagen
de progreso y modernidad que atraigan tanto mayor talento humano como
inversiones que aumenten su dinamismo.
5.- Los costos de congestión vial y contaminación,
aunados al costo de trasladarse en un transporte ineficiente y de mala calidad,
significan miles de horas perdidas cada día, pero la congestión que afecta a
toda la población no se resuelve con la construcción de más vialidades, sino a
través de políticas que reduzcan el número de autos en la calle.
5.- La carencia de un marco legal adecuado para la
gestión de las zonas metropolitanas ha provocado acciones desarticuladas e
incluso contradictorias en temas como la planeación urbana, usos del suelo,
dotación de equipamiento, homologación de normatividad administrativa,
hacendaria, de inversión y movilidad, así como en prevención y atención de
riesgos.
6.- Desde el gobierno federal se establecen los
lineamientos para una política pública integral de movilidad urbana sustentable,
que se vincule e interactúe con las políticas de desarrollo urbano,
accesibilidad, seguridad ciudadana y de medio ambiente, de tal forma, que sea
un factor clave para la reestructuración y consolidación de ciudades compactas
con mayor conectividad y densidad, con jerarquías en el uso del espacio público
y procurando calles completas.
7.- En zonas metropolitanas y las ciudades medias y
pequeñas (100 mil a menos de 500 mil habitantes), es recomendable canalizar
recursos y apoyos técnicos para eficientar sus sistemas de transporte
concesionado a efecto de sustituir el esquema hombre-camión por esquemas
integrales de administración y operación.
8.- Adecuar las reglas de operación de los fondos
presupuestales a efecto de otorgar prioridad a proyectos e iniciativas de
movilidad sustentable e integral y reducir progresivamente las inversiones en
infraestructura vial para el automóvil.
“El Sistema Integrado de Transporte Masivo que se propone adicionar, viene a complementar el
abanico de modalidades que la legislación en la materia contempla y regula, de
ahí lo beneficioso de su incorporación al texto de la ley, ya que no se trata
de una modalidad impositiva sino permisiva que ofrece a los titulares de las
concesiones contar con un mecanismo nuevo y a su alcance que haga posible su
fortalecimiento e incluso, garantizar la rentabilidad de su actividad
económica, la que, como ya se expuso, permite al estado el cumplimiento de una
de sus principales tareas sociales encomendadas, esto es, el servicio de
transporte público”.
Se entiende como
transporte masivo el que permite el traslado de mayor número de usuarios en
tiempos cortos y largos trayectos, con visión regional y conurbada, cuyas
características en la prestación del servicio sean la seguridad, la comodidad y
la confiabilidad, utilizando vehículos adecuados para tener emisiones
contaminantes atmosféricas reducidas.
En
función de lo anterior, es que se dispuso adecuar el Artículo 54 de la Ley del Transporte Público en Morelos, a
fin de permitir que Las personas físicas titulares
de concesiones, se incorporen o se conformen en personas morales constituidas
como empresas, con la aportación en goce al equivalente de su concesión; la
disolución de la asociación se realizará de acuerdo a lo establecido en la
normativa aplicable.
Con lo anterior, desde el punto de vista legal, la empresa
tiene personalidad jurídica independiente a sus socios o accionistas; la cual
adquiere a partir de su Acta Constitutiva. Si
bien el accionista aporta los recursos necesarios para iniciar una empresa,
ésta una vez que inicia operaciones generará sus propios recursos, (flujo de
efectivo y utilidades), así como el pago de sus obligaciones entre las cuales
figuran los impuestos.
Hay
que destacar que, de acuerdo a la nueva disposición, para el funcionamiento y operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo, la Secretaría y los sectores social y
privado podrán constituir fondos cuyos recursos serán administrados y operados a
través de uno o varios fideicomisos, mismos que deberán contar con un Comité
Técnico, estando obligados, cuando menos, a:
I.
Administrar cautelosamente los recursos, a fin de
permitir el cumplimiento efectivo de sus fines;
II.
Crear mecanismos e incentivos para nutrirse de
recursos, y
III.
Realizar las previsiones necesarias a fin de
procurarse solvencia.
Los recursos de los fideicomisos se aplicarán para
los fines que se determinen en el instrumento que los constituya y rija.
·
Es una herramienta
flexible, la cual permite tener diferentes tipos de bienes (terrenos, derechos
de cobro, flujos dinerarios, equipos, acciones, entre otros) y cumplir con
múltiples encargos. Cada contrato se estructura a la medida de las necesidades
de las partes.
·
Facilita el acceso al
crédito, ya que con el fideicomiso se mitigan riesgos en la operación y en una
eventual ejecución.
·
La ejecución no
requiere de un proceso judicial, por lo tanto, la recuperación de
financiamientos es más rápida y eficaz.
·
El fideicomiso no
entorpece los procesos operativos del fideicomitente.
·
Es una estructura
tributariamente neutra.
