TERTULIA POLÍTICA

TERTULIA POLÍTICA

No se cómo sea, pero no es como
tú dices / No quiero, no quiero, pero echamelas
en el sombrero / Dichos populares

Morebus

Pedro Martínez Serrano

Desde que asumió el gobierno Graco Ramírez, he estado en desacuerdo con las políticas públicas, aplicadas por él en contra del sentir y los intereses ciudadanos, pero también, porque el sujeto resultó un mentiroso, mitómano, difamador y ladrón, sin embargo, coincido NO con él, pero si con la realidad económica que vive todo el país, en cuanto a la necesidad de reformar la ley del servicio civil que, en la condición en que se encuentra, anuncia el colapso económico por tantísima trampa burocrática que hay para jubilar y pensionar a vivales que, sin merecerlo, se dedican años, décadas a sangrar el erario.

Un segundo tema en el que estoy de acuerdo, es en la urgencia de modernizar el transporte público de pasajeros que, en el terreno de los hechos, es deficiente, peligroso, caro, mugroso y agresivo, profundamente agresivo con la ciudadanía, lo mismo con los transeúntes, que con los conductores, sean particulares o del servicio público. Los improvisados choferes de las llamadas rutas, igual que de taxis, pasan encima, literalmente encima de quien sea, con tal de ganar el pasaje, al usuario.

Los conductores de las rutas del transporte público, cuando menos 99.9 de cada 100, son barbajanes, vulgares, mugrosos y don juanescos, es decir irrespetuosos con las mujeres, pero también majaderos y ofensivos con las personas mayores.

El colmo: me ha tocado ser testigo de accidentes en los que, los ruteros han asesinado en forma accidental a transeúntes; también cuando han impactado por choque a algún particular y, lejos de la disculpa o la justificación, altaneros, irreverentes y bravucones, agreden a las víctimas. Su respuesta recurrente, es ´orita viene mi seguro; hay te arreglas con él.

Tal no es lo más grave; lo delicado del asunto es que lo mismo taxis, que rutas circulan en condiciones de alarmante inseguridad; en vehículos que son verdaderos vejestorios; decían en los encabezados de los viejos periódicos: ataúdes rodantes que, en muchas, muchísimas ocasiones, no disponen ni seguro de daños y mucho menos licencia el conductor.

Más:

Cuando Lauro Ortega Martínez (el muy querido y, por mucho, mejor gobernador que ha tenido Morelos) decidió entregar los permisos de las ahora llamadas rutas, lo hizo para equilibrar y socializar los beneficios del transporte público, como para terminar con lo que entonces se llamaba el pulpo camionero; un grupillo de transportistas tramposos que se habían adueñado de cientos de concesiones.

Hoy pasa lo mismo. Cuando mucho, unos 50 personajes muy conocidos en sus regiones, se han apropiado de manera abusiva de los permisos de transporte público de pasajeros que operan en Morelos; las diferentes rutas y los servicios colectivos, responden a intereses de unos pocos, para los que trabajan muchos que ayer fueron permisionarios y una urgencia o algún vicio, los llevó a vender sus concesiones a quienes ahora las controlan.

Con ese antecedente, muy a toro pasado, sin entrar a detalles, de los que también dispongo, creo que la decisión empujada en el Congreso del Estado, de modernizar el transporte, es la correcta, es la que beneficiará a miles, posiblemente cientos de miles de usuarios y, afectará, según ellos, a los hoy concesionarios y trabajadores del transporte.

He visto pataleos y acusaciones de parte de los transportistas, pero no han mostrado argumentos sólidos y soportados en la realidad, para oponerse a lo que se denomina el Morebus, cuyo aval dieron los diputados al Congreso del Estado, según me confiaron, en respuesta a la necesidad de ordenar, eficientar y modernizar la movilidad urbana en nuestra entidad.

Incluso, me dejaron ver parte del Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, que forma parte del Reporte Global en Asentamientos Humanos de ONU-Hábitat (https://issuu.com/documentosfenamm/docs/reporte_nacional_de_movilidad_urban/1), y que propone contribuir al avance de las ciudades mexicanas hacia modelos de desarrollo sostenibles en un contexto de derechos humanos.

Es proveer información y contribuir al diseño de políticas públicas de movilidad urbana sustentable, para que los hacedores de política reconozcan y atiendan la complejidad de los retos de la urbanización, en un contexto de derechos humanos y oportunidades de desarrollo para toda la población; así como aportar elementos para el debate y la discusión sobre el tema, destacándose algunos resultados, estos son:

1.-  Deficiencia y baja calidad del transporte público, lo que inhibe su posicionamiento como una alternativa para la movilidad; es la flota con menor crecimiento, innovación tecnológica y sistemas de administración y operación.

2.- En cuanto a la administración del servicio de transporte público en los municipios, las autoridades estatales otorgan concesiones individuales (a personas que pueden ser dueñas de varias unidades, esquema conocido como hombre-camión) que se organizan en torno a la ganancia diaria del dueño (cuenta) o sueldo del conductor. Este sistema se caracteriza por una competencia feroz por el pasaje, inseguridad, sobrecupo, nula interconectividad, paradas discrecionales y repentinas para el ascenso y descenso de pasaje, invasión de rutas, bajas velocidades, conductores improvisados e invasión y deterioro del espacio público.

3.- En México, las iniciativas para mejorar la cada vez más comprometida movilidad urbana, empezaron en las grandes metrópolis y ciudades, tomando como referencia los modelos impulsados a nivel internacional, basados en una movilidad urbana sustentable que integra los sistemas de transporte público urbano masivo, con el desarrollo urbano y las políticas de infraestructura vial.

4.- Una ciudad con un transporte público integral aumenta su competitividad económica al interconectar todos los elementos generadores de valor y al denotar una imagen de progreso y modernidad que atraigan tanto mayor talento humano como inversiones que aumenten su dinamismo.

5.- Los costos de congestión vial y contaminación, aunados al costo de trasladarse en un transporte ineficiente y de mala calidad, significan miles de horas perdidas cada día, pero la congestión que afecta a toda la población no se resuelve con la construcción de más vialidades, sino a través de políticas que reduzcan el número de autos en la calle.

5.- La carencia de un marco legal adecuado para la gestión de las zonas metropolitanas ha provocado acciones desarticuladas e incluso contradictorias en temas como la planeación urbana, usos del suelo, dotación de equipamiento, homologación de normatividad administrativa, hacendaria, de inversión y movilidad, así como en prevención y atención de riesgos.

6.- Desde el gobierno federal se establecen los lineamientos para una política pública integral de movilidad urbana sustentable, que se vincule e interactúe con las políticas de desarrollo urbano, accesibilidad, seguridad ciudadana y de medio ambiente, de tal forma, que sea un factor clave para la reestructuración y consolidación de ciudades compactas con mayor conectividad y densidad, con jerarquías en el uso del espacio público y procurando calles completas.

7.- En zonas metropolitanas y las ciudades medias y pequeñas (100 mil a menos de 500 mil habitantes), es recomendable canalizar recursos y apoyos técnicos para eficientar sus sistemas de transporte concesionado a efecto de sustituir el esquema hombre-camión por esquemas integrales de administración y operación.

8.- Adecuar las reglas de operación de los fondos presupuestales a efecto de otorgar prioridad a proyectos e iniciativas de movilidad sustentable e integral y reducir progresivamente las inversiones en infraestructura vial para el automóvil.

“El Sistema Integrado de Transporte Masivo que se propone adicionar, viene a complementar el abanico de modalidades que la legislación en la materia contempla y regula, de ahí lo beneficioso de su incorporación al texto de la ley, ya que no se trata de una modalidad impositiva sino permisiva que ofrece a los titulares de las concesiones contar con un mecanismo nuevo y a su alcance que haga posible su fortalecimiento e incluso, garantizar la rentabilidad de su actividad económica, la que, como ya se expuso, permite al estado el cumplimiento de una de sus principales tareas sociales encomendadas, esto es, el servicio de transporte público”.

Se entiende como transporte masivo el que permite el traslado de mayor número de usuarios en tiempos cortos y largos trayectos, con visión regional y conurbada, cuyas características en la prestación del servicio sean la seguridad, la comodidad y la confiabilidad, utilizando vehículos adecuados para tener emisiones contaminantes atmosféricas reducidas.

En función de lo anterior, es que se dispuso adecuar el Artículo 54 de la Ley del Transporte Público en Morelos, a fin de permitir que  Las personas físicas titulares de concesiones, se incorporen o se conformen en personas morales constituidas como empresas, con la aportación en goce al equivalente de su concesión; la disolución de la asociación se realizará de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.

Con lo anterior, desde el punto de vista legal, la empresa tiene personalidad jurídica independiente a sus socios o accionistas; la cual adquiere a partir de su Acta Constitutiva. Si bien el accionista aporta los recursos necesarios para iniciar una empresa, ésta una vez que inicia operaciones generará sus propios recursos, (flujo de efectivo y utilidades), así como el pago de sus obligaciones entre las cuales figuran los impuestos.

Hay que destacar que, de acuerdo a la nueva disposición, para el funcionamiento y operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo, la Secretaría y los sectores social y privado podrán constituir fondos cuyos recursos serán administrados y operados a través de uno o varios fideicomisos, mismos que deberán contar con un Comité Técnico, estando obligados, cuando menos, a:

I.             Administrar cautelosamente los recursos, a fin de permitir el cumplimiento efectivo de sus fines;

II.           Crear mecanismos e incentivos para nutrirse de recursos, y

III.          Realizar las previsiones necesarias a fin de procurarse solvencia.

Los recursos de los fideicomisos se aplicarán para los fines que se determinen en el instrumento que los constituya y rija.

·         Es una herramienta flexible, la cual permite tener diferentes tipos de bienes (terrenos, derechos de cobro, flujos dinerarios, equipos, acciones, entre otros) y cumplir con múltiples encargos. Cada contrato se estructura a la medida de las necesidades de las partes.

·         Facilita el acceso al crédito, ya que con el fideicomiso se mitigan riesgos en la operación y en una eventual ejecución.

·         La ejecución no requiere de un proceso judicial, por lo tanto, la recuperación de financiamientos es más rápida y eficaz.

·         El fideicomiso no entorpece los procesos operativos del fideicomitente.

·         Es una estructura tributariamente neutra.