TERTULIA POLÍTICA

TERTULIA POLÍTICA

Burocracia y populismo

Pedro Martínez Serrano

En los días más recientes, el Congreso del Estado acentuó el golpeteo en su contra, a consecuencia de la aprobación de nuevos ordenamientos electorales, mismos que rechazaron algunos priístas y otros tantos panistas, me dicen que porque no se les entregó el “pago por evento” que exigían de algo así como 3 millones de pesos.

Ese asunto generó que se creara lo que por el momento llaman el bloque de los 10, que no es otra cosa que un grupo de legisladores en el pataleo, en busca de aquellos dineros que en algún momento han recibido, por aprobar o, más fácil, hacerse de la vista gorda en asuntos como los créditos, la aprobación de gastos y más.

En el colmo del ridículo, algo así como los chamacos tarados del vecindario, que se llevan los juguetes cuando no se les cumplen caprichos, tanto en el PRI, como en el PAN, iniciaron una cacería estéril que no rendirá fruto alguno; ni se expulsará al diputado Francisco Moreno Merino, como tampoco se concretará la presunta expulsión de Carlos Alaniz Romero, ordenada por el panismo que preside Juan Carlos Martínez Terrazas. Pura pirotecnia mediática.

Por un lado, Moreno Merino me parece que es de los militantes con relaciones más sólidas en el centro del poder priísta nacional; no dudo que el dirigente de ese partido, Enrique Ochoa Reza, haya conocido antes el rumbo de su voto en el tema de la reforma electoral, especialmente porque se deben al mismo equipo político.

En el caso del PAN, el tal Martínez Terrazas sólo actúa y trata de distraer la atención con el tema de la expulsión, olvida que él mismo se ha prestado a servir a los intereses del Partido de la Revolución Democrática, con cuyo presidente, Rodrigo Gayosso Cepeda se ha reunido en privado en varias ocasiones, como se han reunido también el doctor Víctor Manuel Caballero Solano y, de los priístas, todos, absolutamente todos han emitido su voto a favor de asuntos del interés del gobernador Graco Ramírez.

En el mismo orden de ideas, en el río revuelto, el diputado Alberto Mojica Linares, el mismo al que removieron de la Comisión de Hacienda, a consecuencia de que él y su familia pretendían extorsionar a presidentes municipales, propone hoy un irrisorio Consejo Consultivo Ciudadano, “facultado para que la sociedad civil vigile el trabajo de los diputados y de las Comisiones Legislativas”, lo que me parece una verdadera payasada.

Los integrantes de cada una de las legislaturas al Congreso del Estado, están obligados a actuar de acuerdo a lo que establece una ley orgánica que sanciona la operación de ese poder; instalar un consejo consultivo, no es más que burocratismo y populismo.

Integrar un Consejo Consultivo para que vigile lo que hacen o dejan de hacer los diputados, es una estupidez; la sociedad civil, la ciudadanía, se equivoque o no, elige a los integrantes de cada legislatura y en ellos deposita su confianza. Integrar hoy un consejo consultivo, no servirá absolutamente de nada, como tampoco sirven los organismos en los que el Congreso interviene para le designación de sus integrantes.

Ejemplos de lo anterior, es el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), cuyos integrantes responden a los intereses de los partidos y sus diputados, de nadie más; la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) es otro ejemplo, en el que su presidente, Jorge Arturo Olivares es un sujeto oportunista y simulador.

Así las cosas, más allá de moverse en el fango de la ocurrencia, los diputados deben actuar de acuerdo a lo que dictan los ordenamientos de su labor; integrar un consejo que los vigile, es un contrasentido.